Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Integrantes del colectivo Vida en la Cuenca ofrecieron la tarde de este viernes una rueda de prensa a medios locales frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde expresaron su inconformidad con los procedimientos seguidos para la construcción de la gaza de incorporación del Periférico de la Juventud al bulevar Teófilo Borunda, así como por las afectaciones ambientales en el polígono de las Tres Presas.
Durante el encuentro, Diana Lugo, integrante del colectivo, informó que presentó un recurso de re-evaluación contra la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada al proyecto, con el objetivo de que el Municipio de Chihuahua sea obligado a ingresar dicho estudio ante la SEMARNAT. Explicaron que la autorización se basó en que la obra se realizaría sobre infraestructura urbana existente; sin embargo, señalaron que a dos semanas del inicio de los trabajos ya se identifican afectaciones en la zona federal de amortiguamiento del río Chuvíscar.
Asimismo, dieron a conocer la presentación de un recurso de revisión ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), relacionado con una denuncia ciudadana por el uso de detonaciones y desmontes en suelo forestal sin autorización federal en el poniente sur de la ciudad. En este recurso solicitaron que la denuncia sea evaluada de manera integral y que se atiendan otras dos denuncias recientes en materia de impacto ambiental en la misma zona.
El colectivo hizo un llamado a las autoridades competentes para que den seguimiento a las denuncias ciudadanas conforme a la ley y para que se garantice el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. De acuerdo con su observatorio ciudadano, menos del 10% de los proyectos inmobiliarios aprobados en Cabildo que se desarrollan en suelos forestales o ribereños son sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la SEMARNAT.
Finalmente, Vida en la Cuenca señaló que la legislación ambiental representa una herramienta para la defensa del derecho constitucional a un medio ambiente sano, así como para la participación de la ciudadanía en la preservación del equilibrio ecológico y la protección de la salud colectiva.