Chihuahua, Chih.- El fiscal del Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, se pronunció sobre el caso de Jorge Raúl A.G., imputado a tres causas penales por homicidio, cuya liberación fue señalada públicamente tanto por el director Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Cesar Salas Gonzalez, así como los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua.
Ambos solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación de la jueza Abril Alatorre Guerrero. En respuesta, un grupo de 43 jueces defendieron mediante un desplegado a su compañera, quien, sostuvieron, actuó dentro de sus facultades y la autonomía judicial.
Es ante esta afirmación de los juzgadores que el fiscal Heliodoro Araiza contestó directamente: “La autonomía judicial no puede estar peleada de ninguna manera con las necesidades de la sociedad. En los casos concretos puede haber criterios diferentes pero estos dos valores se tienen que armonizar para procurar justicia, para administrar justicia y evitar la impunidad”.
DEFIENDE ACTUAR DE MINISTERIO PÚBLICO
En la misma rueda de prensa, el fiscal aclaró que existen tres causas penales en contra del imputado. Explicó que, en la primera, la persona fue detenida en flagrancia; sin embargo, la jueza de control determinó que hubo dilación aproximada de tres horas entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público, por lo que ordenó su liberación.
“El criterio que adopta la jueza lo respetamos y acudimos al recurso legal correspondiente”, dijo.
Respecto a la segunda causa penal, explicó que se ejecutó una orden de aprehensión y que, aunque la jueza determinó no imponer la prisión preventiva como medida cautelar, la Fiscalía presentó el recurso de apelación. Subrayó que no se atribuye responsabilidad ni al Poder judicial ni a la Policía Municipal.
“La Fiscalía Zona Centro no va a criticar ni tratar de echarle la culpa ni a la policía ni al poder judicial del resultado de esa audiencia”, afirmó.
El fiscal defendió el trabajo del Ministerio Público y aseguró que la carpeta de investigación estaba debidamente integrada. “Podemos afirmar que no consideramos que estuviera mal integrada la carpeta porque con esos datos de prueba se otorgó una orden de aprehensión. Si hubiera estado mal, se hubiera negado la orden de aprehensión”.
Sobre la tercera causa penal, informó que también se solicitó y se obtuvo orden de aprehensión, la cual está en proceso de ejecución por parte de la Policía Ministerial, en coordinación con otras corporaciones.
En este sentido, señaló que existe un operativo activo para ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.