Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El sistema penitenciario estatal volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 ubicara a los penales de la entidad en el segundo lugar a nivel nacional en incidencias. A este panorama se suman hechos recientes ocurridos en los Ceresos 1, 2 y 3, donde se registraron una riña con arma blanca, un suicidio y un feminicidio durante una visita conyugal, respectivamente.
Ante este contexto, las diputadas de Morena, Jael Argüelles y María Antonieta Pérez Reyes, lanzaron críticas hacia el Gobierno del Estado, particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) que encabeza Gilberto Loya Chávez, al considerar que existe una problemática estructural que no ha sido atendida de fondo.
Pérez Reyes señaló que las fallas del sistema no son nuevas, sino que se arrastran desde hace décadas, cuando, dijo, los centros penitenciarios comenzaron a ser utilizados como espacios de operación por parte del crimen organizado.
La legisladora advirtió que prácticas como el ingreso de artículos ilícitos continúan ocurriendo al interior de los penales con la tolerancia de las autoridades.
En ese tenor, sostuvo que ningún gobierno estatal ha mostrado una intención real de corregir estas deficiencias, lo que ha derivado en una falta de control y en el deterioro de las condiciones al interior de los reclusorios. Además, alertó que el aumento en la población penitenciaria podría agravar el problema de sobrecupo.
Por su parte, Jael Argüelles cuestionó las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, al asegurar que ni siquiera se garantizan aspectos básicos de derechos humanos, como el acceso a insumos de higiene para las mujeres.
Desde su perspectiva, el enfoque debe ir más allá de la infraestructura penitenciaria y centrarse en la mejora de las condiciones sociales, el acceso a derechos y la educación como herramientas de prevención.
En días recientes, durante una revisión en el Cereso 1, autoridades localizaron diversos objetos prohibidos, entre ellos equipos para comunicación como routers y módems.
“MARU NO LE QUIERE ENTRAR”
A estas voces se suma la de la activista Saskia Niño de Rivera, quien durante la Convención Nacional Antifraude organizada por Canaco en la capital del estado el pasado mes de enero, advirtió sobre el deterioro del sistema penitenciario tanto en Chihuahua como en el país, y acusó directamente a la gobernadora Maru Campos, señalando su falta de voluntad para atender el tema.
“Cada estado es diferente. Lo que a mi me da mucha rabia de Chihuahua es que ya tuvieron un momento muy bonito en Chihuahua (…) Si creo que el exigirle a la gobernadora, y esto es (incomprensible) que yo he tenido con ella, pero no le quiere entrar a tomar el control de las cárceles otra vez”, respondió la activista a una pregunta.
Recordó que la entidad llegó a ser un referente nacional tras reformas implementadas en administraciones pasadas, aunque lamentó que ese modelo haya perdido continuidad.
Asimismo, hizo un llamado a que se retome el control de las cárceles y se impulse una revisión profunda de su funcionamiento.