Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui, a una reunión de trabajo en comisiones unidas, ante posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional relacionadas con hechos recientes ocurridos en la entidad.
La reunión está programada para el próximo martes 28 de abril a las 10:00 horas, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, como resultado de una acción legislativa impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa.
De acuerdo con el planteamiento aprobado, el gobierno estatal deberá enviar previamente un informe por escrito con evidencia documental sobre las personas servidoras públicas y agentes extranjeros involucrados, las funciones desempeñadas, una línea cronológica de los hechos y el registro de comunicaciones formales con el Gobierno de México, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. “Los hechos no pueden tratarse como un asunto local, porque involucra al crimen organizado”, argumentó el instrumento legislativo.
El Senado consideró pertinente la comparecencia ante la presunción de posibles afectaciones a la soberanía nacional, derivadas de una eventual omisión en informar oportunamente al gobierno federal sobre la participación de agentes estadounidenses, así como por la ausencia de una coordinación institucional.
En tribuna, el senador Juan Carlos Loera señaló: “¡No nada más hay mentiras y contradicciones en la versión del fiscal del estado de Chihuahua, sino que quieren aquí venir a sembrar (los senadores panistas) la percepción sobre un supuesto éxito de la política de seguridad en Chihuahua!”.
Asimismo, hizo un llamado a la gobernadora para que informe sobre los acuerdos que pudiera tener con personas adscritas a distintas agencias de Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón, advirtió que, en caso de que la invitación sea declinada, “el Senado activará su mecanismo de control político de rendición de cuentas y esclarecimiento documental, plenamente razonable frente a hechos de relevancia constitucional y de seguridad nacional, de acuerdo con el 76 constitucional, para intervenir en hechos de política exterior”.
“Por el bien de la República, este asunto debe manejarse con transparencia, sin opacidad y de cara a la nación”, concluyó Cantón.
La convocatoria se da en el contexto de hechos ocurridos en Chihuahua donde fallecieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, quienes han sido señalados como presuntos agentes de la CIA.