Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Un conjunto de documentos obtenidos por transparencia ha puesto bajo la lupa el “Plan de Cooperación” entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la agencia israelí MASHAV, luego de que se detectaran modificaciones al acuerdo sin notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la ausencia de su registro formal ante instancias federales.
De acuerdo con información del folio de transparencia 080141126000001, la SRE advirtió en el oficio DEP-0147/23, fechado el 24 de enero de 2023, que el proyecto presentado por la JCAS ya no correspondía al que previamente había sido revisado por su área jurídica. Ante ello, la Cancillería determinó que el dictamen de procedencia quedaba sin efecto y ordenó una nueva evaluación del convenio.
El documento también señala que la dependencia estatal debió remitir nuevamente el acuerdo firmado para poder integrar el expediente de registro, requisito que, según lo reportado, no se cumplió.
En su respuesta a la solicitud de información, el área de Proyectos Especiales de la JCAS indicó que el organismo “no es competente para gestionar el registro” del instrumento internacional, lo que contrasta con la normatividad vigente en materia de acuerdos con gobiernos o agencias extranjeras.
Marco legal como la Ley sobre la Celebración de Tratados y disposiciones del reglamento de la AMEXCID establecen que las entidades públicas deben registrar este tipo de convenios ante la Cancillería, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el cumplimiento administrativo del acuerdo.
El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, desestimó las críticas hacia la cooperación con Israel, calificándolas como “ridículas” y defendiendo que el objetivo del convenio es estrictamente técnico, centrado en la adquisición de tecnología para el manejo del agua.
El funcionario ha insistido en que no existe un trasfondo político en la colaboración y que se trata de soluciones ampliamente utilizadas a nivel internacional para la gestión hídrica.
No obstante, los documentos revisados muestran que el convenio fue modificado sin que la SRE tuviera conocimiento oportuno, además de no haberse completado su registro federal, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Las observaciones coinciden con señalamientos previos del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, que ha cuestionado la participación de actores extranjeros en la política hídrica estatal y ha acusado falta de transparencia en la implementación del convenio.
Su vocero, Luis Rivera Levario, ha criticado la orientación del proyecto y ha sostenido que el modelo de gestión del agua en el estado favorece esquemas de sobreexplotación, particularmente en zonas con estrés hídrico severo.
A estas posturas se han sumado organizaciones como PalestinaMX y Sandía Libre Chihuahua, que consideran que la cooperación no atiende las causas estructurales de la crisis del agua en la región.
Entre los señalamientos también se ha destacado la falta de resultados públicos del convenio tras varios años de vigencia, así como presuntas contradicciones entre las competencias institucionales de la JCAS y el tipo de proyectos desarrollados.
Ante las irregularidades señaladas, el solicitante de la información anunció que presentará un recurso de revisión ante el órgano estatal de transparencia, el Instituto Chihuahuense de Transparencia (ICHITAIP), con el objetivo de que se aclare el estatus del registro y se determinen posibles omisiones administrativas.