Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Después de que la regidora panista Isela Martínez cuestionara públicamente la postura del sector empresarial organizado por no sumarse a movilizaciones de apoyo a la gobernadora Maru Campos, los centros empresariales de COPARMEX Chihuahua y otras regiones del estado emitieron un posicionamiento conjunto en defensa de la legalidad y la imparcialidad institucional.
La controversia surgió luego de que Jorge Treviño Portilla, dirigente de Coparmex Chihuahua, afirmara que el organismo no participaría en expresiones dirigidas a respaldar a una figura política específica, argumentando que el empresariado debía mantenerse institucionalmente al margen.
Más tarde, los organismos empresariales difundieron un comunicado donde exigieron que las instituciones del Estado mexicano actúen con apego al debido proceso, al federalismo y a criterios homogéneos en todos los casos relacionados con autoridades estatales.
En el documento, los centros empresariales advirtieron que cualquier percepción de actuación diferenciada por parte de las instituciones puede afectar la certidumbre jurídica y generar impactos negativos en la inversión privada y la generación de empleo formal.
Asimismo, señalaron que México enfrenta un entorno económico complejo y requiere estabilidad normativa e institucional para mantener competitividad internacional, especialmente ante la próxima revisión del tratado comercial T-MEC.