Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Integrantes de la Misión Civil de Observación sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua advirtieron que persiste un amplio rezago en el acceso a la justicia para las víctimas de este fenómeno, pese a que existen al menos 60 carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en comunidades de la Sierra Tarahumara.
Durante la presentación de sus hallazgos, representantes de organizaciones nacionales e internacionales que integran la misión señalaron que las denuncias recabadas incluyen presuntos señalamientos contra integrantes de grupos delictivos, así como acusaciones de posible participación o colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno.
Entre los testimonios documentados también se mencionan presuntos saqueos en comunidades afectadas, en los que habrían estado involucrados servidores públicos y elementos militares, según las denuncias de las personas desplazadas.
El coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Saulo Loya, expresó preocupación por los escasos avances judiciales en los expedientes abiertos. Indicó que, de las decenas de carpetas existentes, únicamente una ha tenido seguimiento dentro de los tribunales, sin que hasta ahora se haya identificado o procesado a responsables.
Explicó que las investigaciones contienen testimonios y elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos, ya que las víctimas han señalado directamente a presuntos involucrados en los episodios de violencia y desplazamiento.
Loya consideró que la falta de resultados en las investigaciones refleja un contexto de impunidad que continúa afectando a las comunidades serranas, particularmente a personas indígenas y sectores en condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones de atención a las víctimas y garantizar que las denuncias sean investigadas de manera efectiva, con el fin de avanzar en el acceso a la justicia y en la protección de las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares.