Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, puso en duda la versión difundida sobre el supuesto desechamiento de la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al asegurar que los promoventes nunca fueron requeridos formalmente para ratificar el documento.
Aunque trascendió que el procedimiento quedó sin efectos debido a que los legisladores no ratificaron la denuncia dentro del plazo legal de tres días, Estrada cuestionó que se dé por sentado que la responsabilidad recaía exclusivamente en los solicitantes.
“Todo mundo da por hecho que si los diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político y no la ratificaron… porque la Cámara nunca nos ha llamado a ratificar”, declaró.
El legislador argumentó que en este tipo de procedimientos la conducción corresponde a la autoridad legislativa encargada de tramitar el expediente y no a quienes presentan la denuncia.
“¿Quién tiene la conducción del proceso? ¿El solicitante?”, cuestionó.
Estrada señaló que Morena cumplió con los requisitos básicos para la presentación del recurso, incluyendo la designación de representantes y un domicilio procesal para recibir cualquier comunicación oficial. Sin embargo, aseguró que jamás recibieron una notificación relacionada con la recepción, prevención o eventual desechamiento del asunto.
“Ningún acuerdo nos han notificado a nosotros, ni siquiera un acuerdo de que se recibió el escrito”, afirmó.
Asimismo, insistió en que tampoco existe una comunicación formal que les informe sobre la conclusión del trámite. “Ningún acuerdo emitido por la Cámara nos ha notificado a nosotros del desechamiento, ni siquiera nos han notificado de recepción”, reiteró.
El morenista también llamó a revisar críticamente la información que se ha dado por válida sobre el caso.
“Desde hace mucho tiempo trato de ser una persona de cuestionarme por qué lo que siempre nos venden como una verdad sentada es verdad”, expresó.
La controversia surgió luego de que legisladores de Morena promovieran un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, argumentando que hubo una presunta vulneración a la soberanía nacional por la supuesta colaboración de agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo contra grupos del narcotráfico dentro del territorio estatal.