Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez, manifestó el desacuerdo de su partido con dos de las propuestas incluidas en las iniciativas de reforma electoral promovidas por PAN y Movimiento Ciudadano: la alternancia obligatoria de género en las candidaturas a la gubernatura y la implementación de una segunda vuelta electoral.
Respecto a la propuesta panista para establecer la alternancia de género en la postulación de candidaturas al Gobierno del Estado, el líder priista señaló que, aunque existe el compromiso de garantizar la paridad, la legislación ya contempla mecanismos para ello a través de las dirigencias nacionales de los partidos.
Domínguez consideró que incorporar una disposición adicional podría generar conflictos jurídicos al coexistir con obligaciones que ya están vigentes. “Vamos a entrar en un conflicto de ley, no urge valga la expresión porque ya existe la obligación para las dirigencias nacionales”, afirmó.
En ese sentido, dejó en claro que el PRI no respaldará dicha modificación. “Nosotros no vamos en esa reforma, lo hemos dejado claro”, sostuvo.
Sobre la propuesta impulsada por Movimiento Ciudadano para realizar una segunda vuelta cuando la diferencia entre los dos candidatos más votados sea mínima, el legislador señaló que carece de viabilidad jurídica y electoral.
A su juicio, una medida de ese tipo difícilmente resistiría una revisión en tribunales y terminaría siendo invalidada. “No le vemos sentido”, expresó.
CAMBIOS PARA QUE FUNCIONE ANULACIÓN ELECTORAL
Por otra parte, Domínguez informó que la bancada priista presentó observaciones a la iniciativa de reforma electoral promovida por el PAN, específicamente en el apartado relacionado con la anulación de elecciones por presunta intervención del crimen organizado.
Explicó que la redacción original podría entrar en conflicto con disposiciones federales, particularmente con la Ley General en Materia de Delincuencia Organizada, por lo que propusieron ajustes para evitar problemas de constitucionalidad.
“Estamos ajustando los términos”, indicó el dirigente estatal, quien precisó que el objetivo es armonizar el planteamiento sin invadir competencias reservadas a la legislación federal.
Asimismo, advirtió que cualquier intento de legislar directamente sobre aspectos ya regulados en esa materia podría generar consecuencias legales. “…por la ley general sobre delincuencia organizada, y no se puede legislar sobre ello, si lo hiciéramos caeríamos en delito”, explicó.
Finalmente, señaló que la intención es construir una redacción que pueda sostenerse jurídicamente y que resulte aplicable en caso de controversias. “Tenemos que dejar algo que sea interpretable ante los ojos de los tribunales”, concluyó.