Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pusieron en marcha un nuevo esquema de coordinación para ampliar la cobertura de fiscalización en los 67 municipios de Chihuahua, mediante una distribución de responsabilidades entre ambos órganos, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y la supervisión del ejercicio de los recursos públicos.
Durante una reunión celebrada este miércoles en las instalaciones de la ASE, encabezada por el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, y con la participación de autoridades federales, así como de alcaldes y alcaldesas de la entidad, se expusieron los alcances del convenio de colaboración firmado el pasado 29 de junio en la Ciudad de México entre Acosta Félix y el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios.
En el encuentro, el titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Municipios y representante de la ASF, Juan Roberto Castillo Cruz, explicó que Chihuahua forma parte de las 30 entidades del país que ya suscribieron este mecanismo de colaboración, cuyo propósito es evitar duplicidad de esfuerzos y aprovechar las capacidades técnicas de ambas instituciones.
ASF SOBRE 23 MUNICIPIOS, Y ASE LOS 44 RESTANTES
Como parte del nuevo modelo, la Auditoría Superior de la Federación realizará directamente la fiscalización de 23 municipios, mientras que la Auditoría Superior del Estado se encargará de los restantes, con lo que se busca ampliar el alcance de las revisiones y mejorar el seguimiento del uso de los recursos públicos en toda la entidad.
En ese contexto, Acosta Félix aclaró que la selección de los 23 municipios correspondió exclusivamente a la ASF y respondió a criterios técnicos, no políticos.
“Si analizan los 23 municipios, realmente hay presencia de todos los, la emanación partidaria de cada administración municipal, o sea, no eligieron un color en específico… también está Ocampo y Ocampo también es de difícil acceso. Es una regla, no así a rajatabla, sino es una de las características”, explicó.
El auditor estatal señaló que el esquema representa un cambio respecto a años anteriores, ya que anteriormente la Federación concentraba sus auditorías en un grupo limitado de municipios, mientras que ahora ambas instancias compartirán responsabilidades para incrementar la cobertura de fiscalización.
“Lo que estamos haciendo es sumando esfuerzos. Si siguiéramos igual, ellos tomaban sus 23 municipios y nadie auditaba el resto. Ahora no es que estemos haciendo su trabajo, más bien estamos complementando trabajo entre los dos”, sostuvo.
Durante la reunión también fue presentado un diagnóstico sobre la situación financiera de los municipios chihuahuenses, el cual muestra una marcada dependencia de los recursos federalizados.
De acuerdo con la información expuesta por la ASE, 33 municipios obtienen entre el 90 y el 100 por ciento de sus ingresos de recursos provenientes de la Federación. Otros 18 registran una dependencia de entre 80 y 89.99 por ciento; 10 municipios se ubican entre el 70 y 79.99 por ciento; siete más dependen de estos recursos en un rango de 60 a 69.99 por ciento y únicamente un municipio presenta una dependencia de entre 50 y 59.99 por ciento.
Las autoridades señalaron que este panorama refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y coordinación institucional para garantizar un ejercicio más eficiente, transparente y responsable del gasto público, particularmente en los municipios con mayor dependencia de las participaciones y aportaciones federales.
¿QUÉ HACEN LAS AUDITORÍAS?
Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano encargado de revisar el uso de los recursos federales, mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscaliza el ejercicio del gasto público estatal y municipal en Chihuahua.
Con el nuevo convenio, ambas instituciones distribuirán las revisiones para ampliar la cobertura de las auditorías en los municipios.
Por su lado, el Ramo 33 agrupa recursos federales que se transfieren a estados y municipios para financiar obras, infraestructura, seguridad, educación, salud y otros servicios públicos.