Por: Alan Martínez
Ciudad Juárez, Chih.– Los ex-alcaldes panistas de Ciudad Juárez, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar, denunciaron por peculado de más de $105 millones de pesos al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua; así como el uso indebido de facultades, ambos relacionados con la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas.
Los promoventes de la denuncia, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, sostuvieron que las irregularidades detectadas en el contrato representarían un posible daño al erario superior a los 100 millones de pesos, cifra que, aseguraron, respaldarán con la documentación entregada a la autoridad ministerial.
De acuerdo con la información expuesta, el Municipio suscribió un contrato para el barrido mecánico de vialidades con vigencia del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024, por un monto total de 105 millones 600 mil pesos. El acuerdo contempló pagos de 33.6 millones de pesos durante 2022, así como 36 millones de pesos tanto en 2023 como en 2024.
Los denunciantes afirmaron que el costo erogado por cada unidad durante el periodo contratado ascendió a aproximadamente 13.5 millones de pesos, cantidad que supera ampliamente el precio de adquisición de una barredora nueva, estimado por ellos en alrededor de 50 mil dólares por unidad.
Asimismo, señalaron que con el recurso destinado al arrendamiento habría sido posible adquirir al menos 13 barredoras, en lugar de rentar únicamente ocho equipos para la prestación del servicio.
Entre los argumentos incluidos en la denuncia, los panistas sostienen que no existe un estudio técnico que justificara la conveniencia financiera del contrato; además, cuestionan el procedimiento de licitación al señalar que los plazos fueron reducidos y únicamente participó una empresa, la cual resultó adjudicada.
También afirmaron que la compañía contratada, PYPRA Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, presuntamente no contaba con un objeto social relacionado con servicios de limpieza urbana al momento de la licitación, además de que, por su régimen empresarial, tendría un límite de facturación inferior al monto anual del contrato.
Finalmente, indicaron que no localizaron evidencia de que la empresa tuviera registrados los ocho vehículos comprometidos para la prestación del servicio, por lo que solicitaron a la Fiscalía investigar los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales.