
Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La bióloga Diana Martínez Lugo, en representación del colectivo Vida en la Cuenca realizó una rueda de prensa al exterior de las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, donde informaron que ratificaron la denuncia presentada contra el proyecto del puente gaza, que atraviesa el río chuviscar, además de exigir que se transparenten los resultados de la inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual ya confirmó la existencia de omisiones a la legislación ambiental.

El colectivo explicó que acudió a las oficinas federales por dos motivos principales. El primero fue exponer inconsistencias en los procesos de participación ciudadana relacionados con proyectos inmobiliarios e hídricos ubicados en la zona de las Tres Presas, para los cuales han solicitado consultas públicas.
Indicaron que la consulta pública es un mecanismo previsto por la legislación ambiental y que, de realizarse, sería la primera en la historia de Chihuahua. Señalaron que han solicitado tres consultas: dos fueron rechazadas, una de ellas derivó en un amparo concedido por una jueza de distrito, mientras que una tercera fue aprobada; sin embargo, aseguraron que el trámite del proyecto concluyó antes de que la consulta fuera puesta a disposición de la ciudadanía, lo que atribuyeron a un posible error técnico o administrativo dentro de la dependencia.
Comentaron que un día antes sostuvieron una reunión con el nuevo titular de Semarnat en Chihuahua, Hever Quezada, a quien solicitaron revisar estas inconsistencias para evitar que vuelvan a repetirse y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la evaluación de proyectos con impacto ambiental.
Respecto al puente gaza, informaron que con el cambio de titular en la delegación de Semarnat decidieron ratificar la denuncia presentada originalmente el 30 de enero, debido a que han documentado nuevas afectaciones en el río Chuvíscar durante el desarrollo de la obra.

Explicaron que la denuncia actualmente se encuentra en manos de Profepa y que la ratificación busca aportar nueva evidencia sobre los daños detectados, además de presionar para que continue el procedimiento de inspección y se haga público el expediente correspondiente.
Recordaron que la Dirección de Obras Públicas solicitó en su momento quedar exenta de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), argumentando que el puente se construiría sobre infraestructura preexistente y que no afectaría el cauce del río.
Sin embargo, el colectivo sostuvo que desde el inicio de la obra observaron desmontes, ingreso de maquinaria pesada y modificaciones al entorno, por lo que consideraron evidente que el proyecto sí tendría impactos ambientales.
“El tiempo nos ha dado la razón. Conforme avanza la obra se observan cada vez más afectaciones al cauce del río”, señalaron.
Asimismo, indicaron que Profepa ya realizó una inspección en el sitio y, mediante una notificación derivada de esa visita, les confirmó que se detectaron omisiones a la legislación ambiental aunque hasta el momento no les ha sido entregada el acta de inspección ni el expediente completo
Por ello solicitaron al nuevo titular de Semarnat que, dentro de sus facultades y mediante coordinación con Profepa, impulse la transparencia del procedimiento y agilice la resolución de la denuncia.
En cuanto a las consecuencias legales, explicaron que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que cuando se detectan omisiones a la legislación ambiental una obra puede suspenderse provisionalmente mientras cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debió realizar desde el inicio.
Advirtieron que, si Semarnat no actúa conforme a sus atribuciones, nuevamente recurriran al juicio de amparo, tal como ocurrió con otro proyecto ubicado en la misma zona, donde una jueza resolvió que la autoridad no debió negarles una consulta publica
Documentan nuevos daños al río
Entre las nuevas afectaciones documentadas el colectivo señaló desmontes de vegetación ribereña, remoción de árboles, modificación del cauce natural del río Chuvíscar y la desaparición de áreas donde anteriormente existía flora y fauna protegida
Mencionaron específicamente al pato mexicano especie protegida por la NOM-059, además de otras especies de flora y fauna incluidas en la solicitud presentada para que Semarnat revaluara la exención otorgada al proyecto.
Finalmente, el colectivo afirmó que continuarán utilizando los mecanismos legales de participación ciudadana para revisar proyectos ambientales y reiteraron su llamado para que Semarnat permita que la sociedad civil participe en la evaluación de obras que puedan tener impactos sobre el territorio y los recursos naturales.
