NO SE QUEDARÁN de brazos cruzados, y es que Colectivos ambientalistas ya alistan una impugnación contra la reserva de información que el Gobierno Municipal impuso sobre el proyecto Poniente 5, luego de que el Comité de Transparencia aprobara el acuerdo CT-ACR-012/2026 durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado 3 de agosto. Para los activistas, esconder documentos de una obra de este tamaño es todo, menos una muestra de transparencia.
Reservar la información choca de frente con el discurso de gobierno abierto que el alcalde Marco Bonilla ha presumido a lo largo de sus dos administraciones. Por ello, buscarán que el ICHITAIP revise la determinación y, de paso, insistirán en que un proyecto con posibles impactos ambientales no puede avanzar sin escuchar antes a la ciudadanía mediante mecanismos de consulta.
El asunto, además, llega cuando Poniente 5 sigue siendo uno de los frentes políticos más calientes, pues recordemos que mientras Municipio defiende la vialidad como una obra estratégica para la movilidad y busca financiar su primera etapa mediante un crédito por 150 millones de pesos, en Morena sostienen que el problema no es la construcción, sino el endeudamiento, al considerar que existen otras opciones antes de contratar nueva deuda.
AUTOGOL DE JCAS-MASHAV
MONUMENTAL ENREDO en el que se metió la Junta Central de Agua y Saneamiento cuando, al tratar de salirse por la tangente, terminó contradiciéndose solo. Al responder una solicitud de transparencia relacionada con el convenio que mantiene con la agencia israelí MASHAV, en el oficio A.P.E. 28/2026, la JCAS se declaró incompetente para entregar la información y trasladó toda la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo el argumento de que el convenio de cooperación entre México e Israel, firmado en 1966, corresponde exclusivamente al ámbito diplomático.
El detalle es que ese mismo tratado fue el que la propia JCAS utilizó durante meses para justificar públicamente las asesorías y capacitaciones en materia hídrica acordadas con MASHAV en 2023. O sea, en palabras más sencillas, cuando tocó defender el convenio ante los medios, el acuerdo de 1966 sí servía de fundamento; pero cuando llegó la hora de transparentar documentos, minutas y acuerdos, el asunto, de repente, DEJÓ DE SER SUYO…
Ya con aquello la Junta de Mario Mata se metió en una camisa de once varas, como mínimo. Si realmente no tiene competencia ni conserva la documentación relacionada con la ejecución local del convenio, entonces la pregunta que muchos se harán es de bajo qué soporte operó el proyecto en Chihuahua. Y si sí cuenta con esos expedientes, entonces la reserva de los mismos también abre un nuevo frente en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En pocas palabras, la JCAS terminó haciéndose un autogol y ahora tendrá que explicar si el convenio con MASHAV se ejecutó con documentación que obra en sus archivos y que debe ser pública, o si el tratado de 1966 fue utilizado únicamente como argumento político para sostener una narrativa que hoy, frente a una solicitud de transparencia, ya no se sostiene con la misma firmeza, y menos tras la reciente movilización nacional que, dicho sea de paso, fue apenas la puntita…
REACTIVARÁN AGENDA LGBTQ+
LEJOS DE BAJAR la intensidad, los colectivos de la diversidad sexual volverán al Congreso para que, ahora sí, los diputados dejen de patear el bote. Y es que la representante de Unión y Fuerza Trans, Mayté Regina Gardea, nos adelantó que durante el próximo periodo ordinario reactivarán su agenda legislativa, encabezada por la armonización del matrimonio igualitario, un tema que, aseguran, ya no admite más pretextos para seguir congelado.
La activista sostuvo que la resolución judicial que mantiene vigente el asunto debería ser suficiente para que el Poder Legislativo discuta y apruebe las reformas pendientes.
También buscarán impulsar el reconocimiento del transfeminicidio como figura jurídica, fortalecer la protección de personas trans y no binarias frente a casos de usurpación de identidad, y ya de paso abrir el debate sobre el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad no asalariada…
Eso sí, Gardea dejó claro que las expectativas sobre la clase política son prácticamente nulas.
“En realidad nosotras no le tenemos confianza absolutamente a nadie hablando políticamente”, nos dijo, al considerar que las decisiones del Congreso suelen responder más a negociaciones entre bancadas que a las demandas de la ciudadanía.
Y razones les sobran, pues hay que tener bien presente que han pasado 16 años con la armonización del matrimonio igualitario atorada entre comisiones, recesos, rompimientos de quórum y cálculos políticos. De plano la comunidad LGBT+ ya no parece dispuesta a conformarse con discursos de inclusión.
