
Por Huizar Flores
Chihuahua, Chih. a 17 de septiembre 2026 – A unos días de la asamblea en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en la que se decidirá si se mantiene o no la moratoria minera vigente desde 2014, el agricultor y activista Martín Solís Bustamante aseguró que existe una fuerte oposición al proyecto minero Cinco de Mayo de la canadiense Apollo Silver Company, y confió en que los ejidatarios volverán a rechazar su reactivación, al considerar que en la decisión “está en juego el futuro del pueblo“.
En entrevista con FuenteInfo, Solís, ex-dirigente de El Barzón, señaló que la mayoría de los ejidatarios mantiene su postura en contra de la actividad minera y anticipó que la asamblea prevista para este domingo 20 de septiembre ratificará el acuerdo que prohíbe por 100 años la exploración y explotación minera en terrenos de uso común.
“Lo más seguro es que la oposición a la mina es muy fuerte. Que no pase el proyecto. Que no pase la intención de los promotores de la mina y que continúe el acuerdo en el ejido de la moratoria por los 100 años“, comentó.
El activista recordó que la decisión original fue tomada de manera unánime en una asamblea celebrada el 17 de noviembre de 2012, y que a pesar de transitar por tribunales agrarios por dos años, fue ratificada en 2014.
DEFENSA DEL AGUA Y AGRICULTURA, EJE DE OPOSICIÓN A PROYECTO MINERO
De acuerdo con los datos compartidos por Solis, el Ejido Benito Juárez cuenta con alrededor de 7 mil habitantes permanentes y durante las temporadas de cosecha recibe hasta 5 mil jornaleros agrícolas, principalmente dedicados a cultivos de chile. Además, destacó que la comunidad dispone de aproximadamente 12 mil 500 hectáreas de riego, cerca de 55 mil hectáreas de agostadero para ganado bovino y acceso al 56.7% del agua de la presa Las Lajas.

Es precisamente el impacto que tendría la actividad minera en el agua de la zona y las actividades agropecuarias que generan mayor inconformidad entre ejidatarios, aunque también destacó la extracción de riqueza sin que beneficie a la comunidad.
Sobre el recurso hídrico, explicó que el acuífero Flores Magón-Ahumada presenta una sobreconcesión y sobreexplotación histórica. De acuerdo con los datos más recientes del 2024, la recarga natural del acuífero ronda los 135 millones de metros cúbicos anuales, mientras que existen concesiones por entre 220 y 240 millones de metros cúbicos, casi el doble de su capacidad de recarga.
El ex-dirigente de El Barzón, bien versado en temas del agua, apuntó a conflictos por extracción irregular de agua con comunidades menonitas vecinas de Riva Palacio y Namiquipa, aunque también señaló el considerable consumo del recurso por parte de las grandes familias agro-empresarias del municipio de Villa Ahumada.
“El tema del agua es el principal problema“, afirmó, al señalar que la legislación minera vigente es clara en las restricciones para nuevos proyectos en zonas con déficit hídrico.

Y si bien la empresa minera aseguró mediante un comunicado que busca presentar un plan de apoyo para garantizar acceso al agua para el ejido, Solis lo desestimó como un despropósito. “¿Qué van a poder hacer los canadienses? ¿De dónde van a generar más agua? ¿Qué van a venir a enseñarnos o qué van a medir donde ya no hay agua, donde ya está sobreexplotado, donde está sobreconcesionado el volumen de agua?”, cuestionó.
Además del agua, el ex-funcionario mencionó los documentados impactos ambientales asociados al uso de sustancias químicas, principalmente el cianuro, y al modelo extractivista de minería al cielo abierto que requiere remover grandes volúmenes de material para extraer pequeñas cantidades de mineral: “3.5 gramos de oro por tonelada de tierra que puedan mover“, apuntó.
“Basta con ir a Palmarejo, o ir a la mina de El Concheño o Agnico Eagle, que está en el municipio de Ocampo, para ver toda la contaminación que se tiene y todos los problemas con el tema del cianuro“, añadió.
FALTA DE EMPLEO Y ABANDONO DE MAQUILAS GANAN ADEPTOS PARA MINERA
Y aunque los principales promotores del proyecto son habitantes de la comunidad que ven en la mina una alternativa laboral ante la pérdida de empleos derivada de la salida de maquiladoras, Solis arrojó datos que enfrían estos ánimos, al explicar que el modelo extractivista de la minería no ha representado una solución estructural y al largo plazo para las regiones donde opera.
Explicó que en todo Chihuahua la actividad minera genera alrededor de 10 mil empleos, mientras que el proyecto planteado para el Ejido Benito Juárez promete solamente 100 puestos de trabajo.
“Todas las empresas mineras sabemos que trabajan por 20, 30 años máximo y se retiran. Sigue la pobreza, se queda todo el territorio saqueado, es el nuevo extractivismo“, afirmó.

No obstante, sí reconoció la necesidad de empleo, principalmente entre mujeres y jóvenes, ya que desde el año pasado se retiró la última maquila que quedaba en la zona, Yazaki de capital japonés, al resentir los aranceles de Estados Unidos sobre la industria automotriz.
Por ello, informó que una comisión de jóvenes y habitantes de la comunidad buscará entregar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira presidencial a Ciudad Juárez este sábado 19 de septiembre, en la que solicitarán impulsar alternativas de desarrollo económico para la región, enfocadas en la agroindustria, la agregación de valor a la producción agrícola y la atracción de nuevas fuentes de empleo.
De forma paralela, no dejó pasar la herida abierta del asesinato de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras en 2012, activistas opositores a la mina, en ese entonces impulsada por Max Silver.

“Pagamos un costo muy alto con el asesinato de nuestros compañeros Ismael Solorio y Manuelita“, mencionó, al asegurar que es un crimen que ha permanecido en la impunidad sin que se haya detenido a los autores materiales ni intelectuales. “Fue gente del crimen organizado aliado con la empresa minera. Tenemos acceso a la carpeta de investigación. Sabemos quién fue, quién hizo los acuerdos con la empresa minera”, relato.
Para Solís, la decisión que tomarán los ejidatarios este fin de semana trasciende un mero trámite administrativo o una deliberación comunitaria en sí.
“Está en juego el futuro del pueblo. Está en juego el futuro de las siguientes generaciones“, concluyó.
TE PUEDE INTERESAR… Ejido Benito Juárez: la tierra no se vende, se defiende
