Ciudad Juárez, Chih, a 19 septiembre 2026 – Habitantes y ejidatarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, entregaron este sábado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez, en la que solicitan la intervención del Gobierno Federal ante la posible reactivación de actividades mineras en la comunidad. Integrantes de la comunidad se trasladaron al evento en la ciudad fronteriza para dar entrega de la carta a la mandataria federal. El escrito fue entregado con acuse formal de recibido por Presidencia de la República.
El documento plantea preocupaciones relacionadas con la protección del agua, el territorio y la paz social del ejido, además de pedir justicia por los asesinatos de los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, así como alternativas de desarrollo económico para la región.
Las principales demandas son las siguientes:
- Respetar la decisión de la asamblea ejidal de 2012 que rechazó la actividad minera en Benito Juárez.
- Frenar cualquier intento de exploración o explotación minera dentro del ejido.
- Impulsar alternativas de desarrollo económico para la región, enfocadas en la agricultura, la ganadería y la agroindustria.
- Garantizar la protección del agua, los suelos, el ecosistema y los recursos naturales de la comunidad.
- Evitar afectaciones ambientales que, a juicio de los firmantes, pondrían en riesgo el futuro del ejido.
- Esclarecer y llevar ante la justicia el asesinato de los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras.
- Asegurar condiciones para que las futuras generaciones puedan permanecer y desarrollarse en la comunidad.
- Mantener el acompañamiento del Gobierno Federal en la atención de las demandas de los habitantes de Benito Juárez.
A continuación, el texto íntegro del pronunciamiento:
BENITO JUÁREZ NO QUIERE OTRA TRAGEDIA
Carta abierta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo
Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, México.
Asunto: Solicitud de acompañamiento institucional, justicia, protección del territorio, defensa del agua y alternativas de desarrollo para el Ejido Benito Juárez
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:
Las familias del Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, nos dirigimos respetuosamente a usted para solicitar su intervención y acompañamiento institucional ante la preocupación que existe en nuestra comunidad por la posible reactivación de actividades mineras en nuestro territorio. También solicitamos justicia, protección ambiental, seguridad, defensa del agua y alternativas de desarrollo que permitan fortalecer la vida comunitaria.
Vivimos en el desierto chihuahuense, una región de gran valor ecológico, pero también de extrema fragilidad ambiental. Nuestro territorio forma parte de un acuífero deficitario, afectado por la sobreexplotación del agua y por una disponibilidad cada vez más limitada para las familias, la agricultura, la ganadería y los ecosistemas.
En estas condiciones, cualquier actividad que pueda contaminar, agotar o poner en riesgo el agua representa una amenaza directa para nuestra supervivencia y para el futuro de nuestros hijos. En el desierto chihuahuense, el agua no es un recurso más: es la base de la vida, del trabajo y de la permanencia de nuestra comunidad.
Hay historias que no deben olvidarse.
Hay heridas que no deben volver a abrirse.
Y hay comunidades cuya voz debe escucharse antes de que sea demasiado tarde.
Hoy, desde el Ejido Benito Juárez, levantamos nuevamente la voz.
No queremos violencia.
No queremos enfrentamientos.
No queremos familias divididas.
No queremos que nuestros hijos vuelvan a crecer con miedo.
Y, sobre todo, no queremos otra tragedia.
Hace casi catorce años, nuestra comunidad vivió uno de los momentos más dolorosos de su historia.
El conflicto relacionado con la minería provocó una profunda división entre habitantes del ejido. Hubo enfrentamientos, amenazas y un clima de tensión que terminó dejando una herida que todavía permanece abierta.
El 22 de octubre de 2012, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, defensores del agua, de la tierra y de su comunidad, fueron asesinados.
Sus nombres forman parte de la memoria de Benito Juárez.
No queremos que su historia se repita.
UNA DECISIÓN TOMADA POR LA ASAMBLEA
Después de aquella tragedia, el 17 de noviembre de 2012, la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Benito Juárez tomó una decisión histórica.
Los ejidatarios acordaron restringir durante 100 años la exploración y explotación minera dentro de sus tierras y solicitaron el retiro de la empresa minera que operaba en la zona.
Aquella decisión no fue tomada a la ligera.
Fue tomada después de años de conflicto, preocupación y división.
Fue una decisión de la comunidad, adoptada mediante sus mecanismos de organización y deliberación.
Posteriormente, en 2014, el Tribunal Unitario Agrario confirmó la validez de aquella Asamblea. (La Jornada)
Por ello, solicitamos que las autoridades federales reconozcan y respeten la voluntad de la Asamblea General de Ejidatarios, así como los derechos agrarios, territoriales, ambientales y humanos de la comunidad.
EL AGUA Y EL TERRITORIO ESTÁN EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA
El Ejido Benito Juárez se encuentra en el desierto chihuahuense, una región donde las condiciones naturales ya imponen una disponibilidad limitada de agua. A esta situación se suma la sobreexplotación del acuífero, que ha generado un déficit hídrico y una presión creciente sobre las fuentes de abastecimiento.
Nuestra comunidad no puede ser tratada como si contara con agua abundante o ilimitada.
Cada pozo, cada manantial, cada cauce y cada reserva subterránea son fundamentales para la vida comunitaria. La extracción intensiva de agua, la contaminación de los mantos subterráneos o la alteración de los suelos podrían provocar daños irreversibles en una región donde la recuperación ambiental es lenta y difícil.
Por eso, cualquier proyecto minero debe analizarse bajo el principio de precaución, considerando la situación real del acuífero, la disponibilidad hídrica, los impactos acumulativos y el derecho de la comunidad a contar con agua suficiente, limpia y segura.
Defender el territorio en el desierto chihuahuense significa, ante todo, defender el agua.
HOY, LA HISTORIA PARECE QUERER REPETIRSE
En 2026, nuevamente existe preocupación dentro del Ejido Benito Juárez ante la posibilidad de que se pretenda abrir la puerta a actividades mineras en nuestro territorio.
Por eso decidimos hablar.
No queremos esperar a que vuelva la violencia para pedir que alguien nos escuche.
Queremos que nos escuchen ahora.
Queremos que el Gobierno de México conozca lo que está ocurriendo en este pequeño ejido de Buenaventura, Chihuahua.
Queremos que las instituciones actúen de manera preventiva, imparcial, transparente y coordinada, antes de que cualquier conflicto vuelva a escalar.
También queremos que se reconozca que la posible reactivación minera ocurriría en una región desértica, dentro de un acuífero deficitario y sobreexplotado. No puede autorizarse ningún proyecto sin demostrar, con información pública, independiente y verificable, que no agravará la crisis del agua ni pondrá en riesgo la salud, la agricultura, la ganadería y los ecosistemas.
NO SOMOS UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO
Somos campesinos.
Somos familias.
Somos personas que vivimos, trabajamos y tenemos nuestras raíces en esta tierra.
Defender nuestro territorio no significa estar en contra del desarrollo.
Significa defender nuestro derecho a decidir qué queremos para nuestra comunidad.
Significa defender el agua en una región donde cada gota es indispensable.
Significa defender nuestras tierras.
Significa defender la tranquilidad de nuestras familias.
Y significa recordar que detrás de cualquier proyecto existen personas, historias y comunidades que tendrán que vivir con sus consecuencias.
También creemos que la paz social se fortalece cuando existen empleos dignos, oportunidades para la juventud y alternativas económicas que respeten el territorio y no profundicen la crisis hídrica del desierto chihuahuense.
Por ello, no solamente solicitamos que se detengan las actividades que amenacen nuestra tranquilidad, nuestro patrimonio y nuestras fuentes de agua. También proponemos construir, junto con los gobiernos federal, estatal, municipal y la comunidad, un programa integral de desarrollo para Benito Juárez, basado en el uso responsable del agua, la protección del acuífero y la sustentabilidad.
PUNTOS PETITORIOS
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a usted:
PRIMERO. ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y MESAS DE TRABAJO
Que instruya a las dependencias federales competentes para establecer, a la brevedad, mesas de trabajo permanentes con la comunidad del Ejido Benito Juárez, sus autoridades agrarias y representantes legítimos, con la participación de las instituciones estatales y municipales correspondientes.
Estas mesas deberán abordar, entre otros temas:
- La situación agraria y territorial del ejido.
- La condición del desierto chihuahuense y del acuífero deficitario y sobreexplotado del que depende la comunidad.
- La disponibilidad real de agua y los riesgos acumulativos para el abastecimiento humano, la agricultura, la ganadería y los ecosistemas.
- La prevención de conflictos y la protección de la seguridad comunitaria.
- La situación de las concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones o proyectos mineros relacionados con el territorio.
- La protección del agua, el suelo, la biodiversidad y la salud de la población.
- La evaluación de los impactos ambientales e hídricos acumulativos de cualquier actividad minera.
- La construcción de alternativas productivas y de empleo digno que no comprometan el agua ni el territorio.
- El seguimiento público y verificable de los acuerdos alcanzados.
Solicitamos que dichas mesas se desarrollen con transparencia, respeto a la voluntad de la Asamblea y sin presiones hacia las personas ejidatarias o avecindadas.
SEGUNDO. JUSTICIA PARA ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y MANUELA SOLÍS CONTRERAS
Solicitamos su acompañamiento para que las autoridades competentes garanticen una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y con perspectiva de derechos humanos sobre los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras.
Pedimos que se informe públicamente a sus familias y a la comunidad sobre los avances de las investigaciones, las responsabilidades determinadas por las autoridades y las acciones necesarias para evitar la impunidad.
Asimismo, solicitamos que se reconozca la labor de Ismael y Manuela como defensores del territorio, del agua y de los derechos de su comunidad, y que se adopten medidas de memoria, reparación y no repetición, conforme a la legislación aplicable.
TERCERO. PROTECCIÓN PARA LA COMUNIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Solicitamos que se establezca un mecanismo preventivo de protección y atención para las personas ejidatarias, defensoras del territorio y habitantes que pudieran encontrarse en situación de riesgo por su participación en la defensa comunitaria.
Este mecanismo deberá privilegiar la prevención, el diálogo, la no criminalización y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier forma de intimidación, hostigamiento o confrontación.
CUARTO. RESPETO A LA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA EJIDAL
Solicitamos que las autoridades federales reconozcan y respeten la decisión adoptada por la Asamblea General de Ejidatarios del 17 de noviembre de 2012, mediante la cual se restringió durante 100 años la exploración y explotación minera dentro de las tierras del Ejido Benito Juárez.
Pedimos que cualquier acto administrativo, autorización, permiso, concesión, convenio o proyecto que pudiera contravenir dicha decisión sea revisado de manera integral, con respeto a los derechos agrarios y a la autonomía organizativa de la comunidad.
QUINTO. CANCELACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS CONVENCIONES MINERAS EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ
Solicitamos que el Gobierno de México, por conducto de las autoridades competentes, revise de manera inmediata la legalidad, vigencia y efectos de las convenciones, concesiones, contratos, permisos, autorizaciones o instrumentos relacionados con actividades mineras dentro del Ejido Benito Juárez.
En caso de que dichos instrumentos sean incompatibles con la decisión de la Asamblea, con la legislación agraria y ambiental, con los derechos humanos, con la disponibilidad hídrica o con la protección del territorio, solicitamos que se proceda a su cancelación, revocación, suspensión o terminación, según corresponda jurídicamente.
Asimismo, pedimos que no se otorguen nuevas autorizaciones ni se permita la reactivación de actividades mineras mientras no exista certeza jurídica, ambiental, hídrica y social, así como un proceso de información, participación y consulta que respete plenamente los derechos de la comunidad.
Cualquier evaluación deberá considerar que el proyecto se ubicaría en el desierto chihuahuense, dentro de un acuífero deficitario y sobreexplotado, por lo que no debe autorizarse ninguna actividad que incremente la extracción de agua, reduzca su disponibilidad o genere riesgos de contaminación.
SEXTO. DECLARACIÓN Y PROTECCIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Solicitamos que se inicie un estudio técnico, ambiental, social y jurídico para determinar la viabilidad de declarar como Área Natural Protegida la zona del Ejido Benito Juárez que, por sus características ecológicas, hidrológicas, paisajísticas, culturales y comunitarias, requiera protección especial.
Pedimos que este proceso se realice con la participación efectiva de la Asamblea Ejidal y de la población local, respetando los derechos agrarios y evitando que la declaratoria afecte injustificadamente la vida, el trabajo y las actividades tradicionales de la comunidad.
La protección ambiental debe convertirse en una herramienta para conservar el agua, los suelos, la flora y la fauna del desierto chihuahuense, así como para proteger las zonas de recarga y los ecosistemas vinculados al acuífero.
También debe contribuir a generar oportunidades de turismo de naturaleza, restauración ecológica, manejo comunitario y empleo digno, sin comprometer la disponibilidad de agua ni imponer cargas adicionales a la población.
SÉPTIMO. PROGRAMA DE EMPLEO Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA BENITO JUÁREZ
Solicitamos el apoyo de la Presidencia de la República para diseñar e implementar un programa integral de desarrollo económico y empleo digno en el Ejido Benito Juárez.
Este programa debe considerar desde el inicio la realidad del desierto chihuahuense y la condición deficitaria y sobreexplotada del acuífero. Por ello, las alternativas productivas deberán utilizar el agua de manera eficiente, evitar actividades contaminantes y garantizar que el desarrollo económico no se construya a costa de las fuentes de abastecimiento de la comunidad.
Consideramos prioritario impulsar una agroindustria comunitaria o regional que permita agregar valor a la producción rural, mejorar los ingresos de las familias campesinas y generar oportunidades para jóvenes y mujeres.
Este proyecto podría incluir, de acuerdo con los estudios de viabilidad y las decisiones de la comunidad:
- Centros de acopio, transformación, empaque y comercialización de productos agrícolas y pecuarios.
- Infraestructura para almacenamiento, refrigeración y procesamiento con tecnologías de bajo consumo de agua.
- Capacitación técnica, administrativa y empresarial.
- Acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados.
- Marcas colectivas y esquemas de comercialización justa.
- Aprovechamiento sustentable de productos locales.
- Tecnologías de captación, ahorro, tratamiento y reutilización del agua.
- Prácticas agroecológicas y productivas adaptadas a las condiciones del desierto chihuahuense.
- Participación prioritaria de ejidatarios, avecindados, mujeres y jóvenes.
Asimismo, solicitamos que se analice la posibilidad de establecer una maquiladora o unidad productiva no contaminante que genere empleos dignos, seguros, formales y bien remunerados, siempre que sea compatible con el territorio, el agua, el medio ambiente y la voluntad de la comunidad.
Estas alternativas deben construirse con participación local, transparencia y respeto a los derechos laborales, evitando cualquier modelo que reproduzca la dependencia, la división comunitaria, la explotación de los recursos naturales o la presión sobre un acuífero que ya se encuentra en déficit.
OCTAVO. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EJIDATARIA Y AVECINDADA
Solicitamos que las políticas de desarrollo incluyan tanto a las personas ejidatarias como a la población avecindada, con el propósito de reducir tensiones, generar oportunidades compartidas y fortalecer la convivencia comunitaria.
Creemos que el empleo digno, la educación, la capacitación, la salud, la infraestructura, la seguridad hídrica y la participación social pueden contribuir a reconstruir la confianza y a evitar que las diferencias económicas o territoriales se conviertan nuevamente en conflictos.
También solicitamos que se impulsen programas de educación ambiental y cultura del agua, para que las nuevas generaciones conozcan la importancia del desierto chihuahuense, la fragilidad del acuífero y la necesidad de protegerlo frente a la sobreexplotación y la contaminación.
NOVENO. INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO
Solicitamos que se designe una persona servidora pública responsable de coordinar la atención del caso y que se establezca un calendario público de reuniones, acuerdos, responsables y plazos de cumplimiento.
Pedimos que toda la información relacionada con concesiones, permisos, autorizaciones, estudios ambientales, proyectos mineros, disponibilidad de agua, condición del acuífero y programas de desarrollo sea entregada de manera accesible a la comunidad.
Asimismo, solicitamos que se hagan públicos los estudios hidrológicos y ambientales que permitan conocer el estado actual del acuífero, sus niveles de extracción, sus zonas de recarga, su disponibilidad real y los riesgos que enfrentan las fuentes de agua de la comunidad.
NO QUEREMOS QUE BENITO JUÁREZ VUELVA A SER NOTICIA POR UNA TRAGEDIA
Queremos que Benito Juárez sea noticia porque una comunidad logró resolver sus diferencias mediante el diálogo.
Queremos que sea noticia porque un pueblo decidió defender su territorio sin violencia.
Queremos que sea noticia porque México escuchó a sus campesinos antes de que ocurriera una nueva tragedia.
Queremos que sea noticia porque la memoria de Ismael y Manuela sirvió para evitar que otra familia tuviera que llorar a sus seres queridos.
Queremos que sea noticia porque una comunidad del desierto chihuahuense logró proteger su acuífero y construir alternativas de desarrollo sin poner en riesgo el agua.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:
No le pedimos que elija entre desarrollo y comunidad.
Le pedimos que ayude a construir un desarrollo con justicia, participación, empleo digno, protección ambiental, seguridad hídrica y respeto a la voluntad de quienes habitan y trabajan la tierra.
No queremos que el Ejido Benito Juárez sea abandonado ni utilizado como escenario de confrontación.
Queremos que sea acompañado por las instituciones.
Queremos que se respete su decisión comunitaria.
Queremos justicia para Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras.
Queremos proteger el agua, la tierra y el futuro de nuestros hijos.
Queremos que se reconozca que vivimos en una región desértica, dentro de un acuífero deficitario y sobreexplotado, donde cualquier daño al agua puede convertirse en una amenaza para toda la comunidad.
Queremos oportunidades económicas que permitan a las familias vivir dignamente sin poner en riesgo el territorio ni agotar las fuentes de agua.
Por eso hacemos un llamado:
A las autoridades mexicanas:
No esperen a que exista violencia para intervenir. Atiendan el conflicto de manera preventiva, imparcial y transparente.
A las instituciones de justicia:
Investiguen y esclarezcan plenamente los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, y garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición.
A las autoridades ambientales y agrarias:
Protejan el territorio, el agua y el acuífero; revisen los instrumentos mineros existentes y respeten la decisión de la Asamblea General de Ejidatarios.
A las instituciones responsables del agua:
Reconozcan la situación deficitaria y de sobreexplotación del acuífero, hagan pública la información disponible y adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad hídrica de la comunidad.
A las instituciones de desarrollo económico y social:
Acompañen a Benito Juárez en la construcción de proyectos productivos, una agroindustria comunitaria, empleos dignos y alternativas para la población ejidataria y avecindada, siempre con un uso responsable y sustentable del agua.
A los organismos de derechos humanos:
Observen lo que ocurre en el Ejido Benito Juárez y acompañen a la comunidad.
A las organizaciones nacionales e internacionales:
Ayúdennos a visibilizar esta historia y a fortalecer las vías pacíficas de defensa del territorio y del agua.
A los medios de comunicación:
Volteen a ver a Benito Juárez antes de que exista otra tragedia que contar.
Y a México entero le decimos:
No queremos enfrentarnos.
No queremos dividirnos.
No queremos violencia.
Queremos diálogo.
Queremos respeto.
Queremos justicia.
Queremos protección para nuestro territorio.
Queremos proteger el agua de nuestro acuífero.
Queremos empleos dignos y oportunidades para nuestras familias.
Queremos que se respete la voluntad de nuestra Asamblea y la historia de nuestra comunidad.
Queremos seguir viviendo en el desierto chihuahuense sin que la sobreexplotación del agua ni los proyectos contaminantes nos obliguen a abandonar nuestra tierra.
Y queremos algo tan sencillo como fundamental:
QUEREMOS SEGUIR VIVIENDO EN PAZ EN NUESTRA TIERRA.
BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA.
Nuestra voz no busca violencia.
Nuestra voz busca ser escuchada.
Defendemos el agua porque defendemos la vida.
No queremos otra tragedia.
Queremos que nos escuchen antes.
Atentamente,
Habitantes, ejidatarios y representantes legítimos del Ejido Benito Juárez
Municipio de Buenaventura, Chihuahua, México