Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología revisa si el banco de extracción de materiales pétreos ubicado en el cauce del río Santa Isabel contaba con las autorizaciones ambientales y municipales necesarias, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendiera las actividades en el sitio.
El secretario Gabriel Valdez, explicó que la intervención de la autoridad federal corresponde a que los trabajos se realizaban en el cauce del río, una zona de competencia federal, por lo que corresponde a esa instancia verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.
Profepa informó que durante una inspección realizada el 10 de septiembre detectó trabajos de extracción de materiales pétreos en una superficie aproximada de 0.5 hectáreas, sin que en ese momento se acreditara la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Como medida de seguridad, ordenó la clausura temporal total de las actividades y aseguró de manera precautoria un trascabo.
Valdez señaló que, aunque la extracción de materiales pétreos puede realizarse como actividad económica, debe llevarse a cabo conforme a la normatividad y con los permisos correspondientes. Indicó que su secretaría se encuentra revisando si existe una Manifestación de Impacto Ambiental relacionada (MIA) con el sitio, así como la documentación correspondiente, debido a que los trabajos se encontraban dentro o próximos al cauce del río.
El secretario explicó que, dependiendo de la ubicación y de las competencias que correspondan, las posibles responsabilidades administrativas podrían ser determinadas por la autoridad federal o por la dependencia estatal a su cargo. Entre las sanciones que pueden contemplarse se encuentran multas, clausuras y, en determinados casos, la pérdida de registros o autorizaciones.
Valdez agregó que la Secretaría mantiene comunicación con PROFEPA y que, en esta ocasión, la información sobre la intervención fue compartida entre ambas autoridades como parte de la coordinación institucional.
PROFEPA, por su parte, señaló que ya inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar la situación del proyecto y las medidas que procedan en caso de que no se acrediten las autorizaciones ambientales requeridas
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