Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.– El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, defendió la propuesta legislativa para otorgarle fuero constitucional y respondió a los señalamientos del senador y exgobernador Javier Corral Jurado, quien cuestionó que se busque protegerlo pese a las denuncias e investigaciones relacionadas con su desempeño.
Acosta consideró que las declaraciones de Corral evidencian precisamente la necesidad de que quien encabeza el órgano fiscalizador cuente con protección legal para desempeñar sus funciones sin presiones políticas ni temor a posibles represalias.
“Es importante tener una protección legal que permita que se haga el trabajo de forma objetiva y sin ningún temor de este tipo de repercusiones de carácter legal”, sostuvo.
El auditor también cuestionó la postura del exmandatario respecto a la fiscalización de los recursos involucrados en la reestructuración de la deuda estatal.
Explicó que Corral sostiene ahora que, al tratarse de participaciones federales, corresponde a la Federación auditarlos, mientras que durante su administración esos recursos fueron objeto de revisiones por parte de la ASE.
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Según Acosta, el planteamiento del senador resulta contradictorio, pues considera que su postura sobre las facultades de fiscalización cambia dependiendo de quién está involucrado en las investigaciones.
La controversia surgió luego de que Corral advirtiera sobre la intención del Congreso del Estado de modificar la Constitución local para incorporar al auditor al régimen de fuero, pese a que, según señaló, existen denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República.
El senador también relacionó el informe forense de la ASE con las denuncias presentadas en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra él y José Pedro López Elías. Sobre ese procedimiento, acusó que se trató de una acción promovida por el Gobierno estatal.
En respuesta, Acosta argumentó que las investigaciones técnicas que derivan en posibles responsabilidades penales pueden generar confrontaciones con personas que cuentan con influencia política, por lo que consideró necesario establecer garantías institucionales para el titular de la Auditoría.