Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, rechazó los señalamientos que lo vinculan con una presunta estrategia política detrás del caso del exfiscal César Jáuregui Moreno, al asegurar que se trata de un asunto jurídico que debe resolverse ante las autoridades judiciales y no trasladarse al terreno político.
Este martes, a su llegada al Palacio de Gobierno, el funcionario sostuvo que las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en abril derivaron en dos carpetas distintas, una a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos hallazgos y conclusiones corresponden a perspectivas diferentes.
“Tratar de sobresimplificar el tema y decir que es un tema político y no jurídico cuando hay dos carpetas de investigación, me parece un sinsentido”, declaró.
Lo anterior, luego de los señalamientos que lo relacionan con una supuesta estrategia para favorecer sus aspiraciones a la alcaldía de Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2026-2027.
Al respecto, De la Peña afirmó que no tiene facultades sobre el caso y atribuyó este tipo de versiones a conjeturas basadas en distintas intenciones. Asimismo, consideró que desde el Gobierno federal se estaría aprovechando el asunto para emitir opiniones que, a su juicio, distorsionan su naturaleza jurídica.
En cuanto a las declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, y del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quienes han acusado que el caso podría convertirse en un asunto político, el secretario manifestó estar de acuerdo en que debe prevalecer el procedimiento legal.
“Es un procedimiento judicial, no un procedimiento político”, expresó, al referirse a las investigaciones que actualmente se encuentran bajo conocimiento de las autoridades judiciales.
Sobre la acusación de traición a la patria que enfrenta Jáuregui en el ámbito federal, De la Peña consideró que el señalamiento está fuera de lugar; sin embargo, puntualizó que será el juez correspondiente quien determine lo conducente.
El funcionario también explicó que la investigación estatal se enfocó en revisar el procedimiento del operativo y la posible comisión de faltas durante su desarrollo, mientras que la FGR analiza los mismos hechos desde otra perspectiva, al considerar una posible responsabilidad por un delito del orden federal.
Finalmente, expresó su respeto hacia Jáuregui, a quien identificó como su amigo y compañero de gabinete, e hizo un llamado a respetar los derechos humanos de las personas involucradas, el debido proceso y las determinaciones que emitan los jueces tanto en el ámbito local como federal.