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Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza Gilberto Loya Chávez contará con un plazo de dos meses para complementar la investigación penal contra su ex titular, César Gustavo Jáuregui Moreno, luego de que un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
El periodo fue autorizado durante la audiencia celebrada este jueves 22 de octubre, a solicitud del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante este tiempo, la representación social podrá continuar con las diligencias encaminadas a fortalecer su investigación.
De acuerdo con los puntos resolutivos de la audiencia, el juez determinó que existen elementos para mantener el procedimiento contra Jáuregui por el delito previsto en el artículo 253, fracciones II y IV, del Código Penal del Estado.
La resolución señala que los hechos atribuidos al exfuncionario habrían ocurrido durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Entre los argumentos considerados por el juzgador se encuentra el presunto ocultamiento de información relevante obtenida por razón de su cargo, así como declaraciones contradictorias relacionadas con la presencia de personas extranjeras en Chihuahua sin la autorización correspondiente, según lo expuesto en la resolución judicial.
¿QUÉ OCURRIRÁ AL CONCLUIR LOS DOS MESES?
El plazo de investigación complementaria permitirá a la Fiscalía continuar recabando y analizando datos de prueba, mientras que la defensa también podrá desarrollar sus propias líneas de investigación.
Al concluir esta fase, el Ministerio Público deberá definir los pasos legales correspondientes, entre ellos la posibilidad de presentar una acusación formal si considera que existen elementos para llevar el caso a juicio.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino una determinación para que el procedimiento penal continúe. Por ello, todavía deberá desarrollarse el curso legal de la causa antes de que una autoridad judicial determine si existe responsabilidad penal.