Chihuahua, Chih., 30 de octubre de 2026.— César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, apeló el auto de vinculación a proceso que enfrenta por el delito de traición a la patria. Su defensa argumenta que el juez federal resolvió sin pruebas suficientes y completó aspectos de la imputación que, sostiene, correspondía acreditar a la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue presentado por el abogado José Ramón Flores Flores, dentro de la causa penal 408/2026, contra la resolución dictada el pasado 25 de octubre por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Uno de los puntos centrales de la apelación es que, según los abogados, no existe un solo dato de prueba que demuestre que Jáuregui conocía la presencia de cuatro personas extranjeras en el operativo realizado del 16 al 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
La defensa cuestiona que la responsabilidad institucional del entonces fiscal en el operativo sea suficiente para atribuirle traición a la patria. Afirma que la Fiscalía no acreditó que hubiera autorizado la intervención de extranjeros ni que buscara comprometer la independencia o soberanía nacional.
Como parte de ese señalamiento, los abogados impugnan la interpretación que hizo el juez de un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionado con la solicitud de seguridad perimetral para el despliegue. A su consideración, pedir protección de las Fuerzas Armadas para los elementos que participarían en el operativo no demuestra que Jáuregui supiera de la presencia de extranjeros o que hubiera consentido su intervención.
La defensa también acusa al juez de haber ido más allá de sus atribuciones al incorporar razonamientos jurídicos y elementos de interpretación que, según el recurso, no fueron planteados por el Ministerio Público durante la audiencia.
Los abogados consideran que, al completar la argumentación de la FGR, el juzgador comprometió su imparcialidad y el principio de igualdad entre las partes, pues asumió funciones que corresponden al órgano encargado de la acusación.
Otro aspecto que impugnan es que la presencia de cuatro extranjeros en el operativo pueda interpretarse, por sí misma, como un acto dirigido a someter a México a la voluntad de una persona, grupo o gobierno extranjero. La defensa afirma que no se demostró que esos agentes asumieran el mando de la investigación o sustituyeran las decisiones de las autoridades mexicanas.
En ese sentido, sostiene que la conducción del operativo permaneció bajo la responsabilidad del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación.
La apelación también busca que se revise por qué el proceso se lleva en Almoloya de Juárez, Estado de México, y no en Chihuahua, donde ocurrieron los hechos. Los abogados argumentan que la FGR no presentó elementos objetivos para justificar que el caso fuera conocido fuera de la entidad.
De acuerdo con el escrito, la Fiscalía planteó que Jáuregui podría influir en el sistema penitenciario de Chihuahua o recibir un trato privilegiado debido a los cargos públicos que desempeñó. Sin embargo, la defensa sostiene que no se aportaron pruebas concretas para respaldar ese riesgo.
Por ello, considera que no existen razones suficientes para desplazar la competencia de los tribunales federales de Chihuahua. También señala que la acusación es por traición a la patria y no por delincuencia organizada.
En cuanto al delito que se le atribuye, los abogados cuestionan la interpretación del artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal. Argumentan que la presencia de personas extranjeras en un operativo no basta para configurar traición a la patria, pues deben acreditarse actos dirigidos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, además de la finalidad específica que establece la ley.
La defensa sostiene que el objetivo del despliegue en Morelos fue combatir la producción de drogas sintéticas y proteger la salud pública, no subordinar las decisiones de México a intereses extranjeros.
Con estos argumentos, los abogados solicitan que se revise la vinculación a proceso, se examine la competencia del órgano jurisdiccional y se ordene la reposición del procedimiento en los términos planteados en la apelación. También pidieron una audiencia para presentar alegatos aclaratorios ante los magistrados que resuelvan el recurso.
Jáuregui permanece sujeto a un proceso federal por traición a la patria. Su defensa recordó que el auto de vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria; la responsabilidad penal del exfiscal deberá determinarse conforme a las pruebas que se presenten durante el procedimiento y las garantías del debido proceso.