En un importante avance para la justicia y la protección de los derechos humanos, la comunidad de Coloradas de la Virgen, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ha obtenido un amparo contra el Estado tras enfrentar una situación de desplazamiento forzado desde 2018. Las causas de este desplazamiento fueron la tala ilegal, la inseguridad, las amenazas y la violencia persistentes en la comunidad.
Según lo expresado por las defensoras ambientales y territoriales de la comunidad, quienes son en su mayoría indígenas rarámuri, se vieron obligadas a presentar un Amparo Indirecto para que el Mecanismo de Protección cumpliera con el plan de protección aprobado por su Junta de Gobierno. Este plan busca garantizar asistencia humanitaria y detener el desplazamiento de la comunidad.
Durante una reunión celebrada este 29 de abril de 2024, en la Ciudad de México, representantes de la comunidad se reunieron con funcionarios del Mecanismo de Protección, quienes se comprometieron a revisar el Plan de Protección, realizar una visita técnica a la comunidad y coordinar una mesa de trabajo con autoridades estatales para dar seguimiento al amparo colectivo.
JUSTICIA TARDÍA, SE VEN FORZADOS A ACTIVAR MECANISMO DE PROTECCIÓN
La situación de la comunidad de Coloradas de la Virgen se vio agravada por la tala ilegal y la violencia en la región, lo que obligó a las personas defensoras de derechos humanos y sus familias a desplazarse y buscar protección a través del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos. A pesar de este amparo, las autoridades estatales y federales se opusieron a cumplir con las medidas de protección.
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En rueda de prensa, organizaciones de derechos humanos y afectados consideraron que la respuesta del Estado ha sido ineficaz para proteger a los integrantes de la comunidad, lo que resultó en la muerte de Julián Carrillo Martínez, quien ya formaba parte del Mecanismo Federal de Protección. Además, la omisión de las autoridades en el cumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo ha generado un incremento en el hostigamiento contra los integrantes de la comunidad.
Actualmente, las personas desplazadas viven en condiciones indignas, hacinadas en refugios que no cumplen con los estándares mínimos para ser considerados viviendas dignas y seguras. Ante esta situación, la jueza de Distrito en el estado de Chihuahua ordenó a las autoridades correspondientes establecer planes de actuación para garantizar asistencia humanitaria y detener el desplazamiento de la comunidad.
“Exigimos a los tres niveles de gobierno que se coordinen para atender las causas estructurales que originan el riesgo. Eximigos retornos dignos y seguros”, afirmaron.