En un esfuerzo por erradicar la esclavitud moderna y el trabajo forzado, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada ha logrado un avance significativo en contra de un grupo criminal que operaba en la Sierra Tarahumara. Dos presuntos miembros de esta organización, Alfredo B. E., conocido como “El Comandante”, y Manuel de Jesús R. M., alias “El Águila Dos”, fueron vinculados a proceso penal por su participación en la trata de personas con fines de trabajos forzados.
La Unidad de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Tortura presentó pruebas contundentes ante un Tribunal de Control del Municipio de Guerrero, demostrando que Alfredo B. E. y Manuel de Jesús R. M. formaban parte de una estructura criminal que explotaba a sus víctimas en campamentos de cultivo de enervantes en un lugar conocido como Lago de las Garzas en el municipio de Guachochi. Las víctimas eran sometidas a jornadas laborales extenuantes de más de 12 horas diarias bajo condiciones inhumanas.
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Alfredo B. E. era responsable de vigilar a las víctimas y aplicar castigos brutales a quienes no cumplían con las exigencias laborales. Por su parte, Manuel de Jesús R. M. manejaba el campamento y desempeñaba diversas funciones para mantener el control sobre las víctimas.
Los esfuerzos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía de Derechos Humanos, culminaron en la captura de Alfredo B. E. en Guachochi y Manuel de Jesús R. M. en Delicias, quienes fueron trasladados a Guerrero y puestos a disposición de las autoridades judiciales.
El modus operandi de la organización criminal incluía atraer a las víctimas con promesas falsas de trabajo, ofreciendo pagos de entre 200 y 300 pesos por colocar postes en la localidad de Yoquivo, en el municipio de Ocampo.
Sin embargo, al llegar al lugar, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y forzadas a trabajar en condiciones deplorables. Apenas recibían una comida al día, compuesta de maseca con agua y frijoles, y eran vigiladas constantemente para evitar que escaparan. Aquellos que intentaban huir o dejaban de trabajar eran torturados, amarrados a pinos sin ropa bajo el sol.
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La investigación de este caso comenzó en febrero de 2022, cuando una de las víctimas logró escapar y pedir ayuda en la ciudad de Chihuahua. Desde entonces, la Fiscalía de Derechos Humanos ha llevado ante la justicia a otros miembros de la organización, incluyendo a Henri Jovany V. B., alias “El Chiapas”, y Domingo V. B., alias “El Mingo”, quienes ya están vinculados a proceso y encarcelados desde 2023 por su participación en estos mismos hechos.