Con un aplastante voto de 470 diputados a favor y una abstención, la Cámara de Diputados eliminó el tope al gasto en comunicación social previsto en el llamado Plan B de la Reforma Electoral. El límite era de 0.1% del presupuesto de egresos de estados y municipios.
Fue sin discusión en el pleno este 22 de marzo que se derogó el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social y se agregó un nuevo párrafo permitiendo a estados y municipios decidir su gasto en publicidad oficial.
“Las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 bis de esta Ley”, lee el texto. La ley mantiene el tope de 0.1% para el Gobierno Federal.
CONTROVERSIAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Fue la fuerza mayoritaria de Morena quien dio paso atrás luego de controversias constitucionales e instrumentos legales que promovieron municipios de oposición, entre ellos el municipio panista de Chihuahua.
El tope en comunicación social fue aprobado de forma fast-track en diciembre del 2022 y pasó desapercibido al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre.
Los recursos destinados para comunicación social son coloquialmente conocidos como “chayote”. Son utilizados como mecanismo de control sobre medios de comunicación por parte de gobiernos, sofocando perspectivas críticas y visiones alternativas en el espectro mediático, a la vez que infla voces oficialistas.