La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma inmediata al llamado “Plan B” de la Reforma Electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Ejecutivo Federal anunció que impugnará está decisión.
El ministro responsable de esta decisión fue Javier Laynez Potisek, quien “arrancó hojas a la Constitución” para conceder esta suspensión, señaló el Ejecutivo mediante un comunicado.
“Esta decisión ha sido tomada en contra de lo que prevé expresamente la Constitución”, expresaron. Cabe señalar que la suspensión fue total, a todo el paquete legislativo que conformaba el Plan B, aunque el Instituto Nacional Electoral sólo impugno algunas de las modificaciones, y no todas.
De conformidad con el artículo 19, fracción II de la Ley la Reglamentaria, no deben suspenderse los efectos de una norma general
Por su parte, la Presidencia de la República consideró preocupante la decisión ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente.
Puntualizaron que la Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, por lo que la controversia no debió ser admitida desde un inicio.
El artículo 105, fracción I de la Constitución mexicana, prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral
Agregaron que existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir.
Subrayaron que la medida cautelar solo se puede otorgar respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos, lo que no ocurre en este caso, por lo que resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así.
La decisión del ministro ha sido impugnada por el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, por considerar que resulta injustificada e innecesaria y que va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho.