La diputada panista Marisela Terrazas presentó una iniciativa que propone la creación de la “Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento a la debida Diligencia de Investigación del Caso de la Estancia Provisional Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez”.
La iniciativa, es una respuesta a los eventos suscitados el 27 de marzo en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde se registró un incendio que ha dejado un saldo de 39 muertos y 28 heridos.
La iniciativa se fundamenta en que tanto la reclusión de los migrantes como los operativos de detención de éstos en las calles de Ciudad Juárez y su traslado a un centro de detención provisional realizado por el Instituto Nacional de Migración, en contravención a lo dispuesto por el artículo dos de la Ley de Migración, violan flagrantemente los derechos humanos de las personas indocumentadas.
La diputada Terrazas, argumenta que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Esta propuesta señala que uno de los factores que interfieren con el respeto al derecho de trato digno de las personas alojadas en los recintos migratorios es el hacinamiento.
El derecho al trato digno, implica la necesidad de contar con lugares adecuados donde se tenga espacio suficiente, alimentos, dormitorios, baños, acceso a actividades recreativas e higiene óptimas.
DENUNCIA FALTA DE ATENCIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA
La iniciativa también menciona las denuncias de Organizaciones de la Sociedad Civil en Ciudad Juárez que hablaron de la falta de atención médica y acceso agua potable, incomunicación y desinformación.
La iniciativa cita el artículo segundo de la Ley de Migración vigente, que estipula que “son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano, los siguientes: respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.”
Así mismo, se argumenta que existen razones fundadas para suponer que se carece de la debida diligencia en la investigación de los hechos y en la administración y sanción de las conductas delictivas y administrativas derivadas de estos hechos.