El gobierno mexicano instó el lunes a una corte de apelaciones de Estados Unidos a revivir una demanda de $10 mil millones para responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas a los carteles de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en Boston cuestionó si un juez de un tribunal inferior concluyó erróneamente que una ley estadounidense prohibía a México demandar a Smith & Wesson Brands (SWBI.O), Sturm, Ruger & Co (RGR.N) y otros.
Esa ley, la Ley Federal de Protección del Comercio Legal en Armas de Fuego (PLCAA), brinda una amplia protección a la industria de armas de fuego contra demandas por el uso indebido de sus productos.
Pero los abogados de México argumentaron que la ley solo prohíbe demandas por lesiones que ocurren en Estados Unidos y no protege a los siete fabricantes y un distribuidor demandados de la responsabilidad por el tráfico de armas a criminales mexicanos.
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Steve Shadowen, abogado de México, afirmó que permitir que su caso avance en los tribunales de Estados Unidos permitiría a México no solo buscar daños y perjuicios, sino también una orden judicial destinada a combatir las 20,000 muertes anuales que atribuyó a las acciones de las compañías.
“Lo que queremos es una orden judicial para hacer que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución”, dijo. “Y solo los tribunales de Estados Unidos pueden proporcionar ese alivio injuntivo”.
México dice que más de 500,000 armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son fabricadas por las compañías demandadas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
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Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson, argumentó que la demanda de México carecía de alegaciones de que las ventas de armas de los fabricantes de armas en sí mismas hicieran algo que creara una excepción a las amplias protecciones de PLCAA.
“Tiene fabricantes con licencia que venden a distribuidores con licencia que venden a minoristas con licencia que venden a personas que cumplen con los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores ficticios”, dijo.
El juez del circuito de Estados Unidos, William Kayatta, dijo que aunque México no había alegado que los fabricantes de armas violaron directamente alguna ley de armas, una de sus teorías legales fundamentales era que ayudaron y colaboraron con otros que traficaron armas al extranjero, creando una posible responsabilidad.
“¿Qué hay de malo en ello?”, preguntó Kayatta.
Se espera una decisión en los próximos meses.
Traducido de Reuters. Reportaje de Nate Raymond en Boston; Edición de Bill Berkrot