Con el objetivo de brindar una protección más extensa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado ha llevado a cabo una reforma en la legislación estatal relacionada con la patria potestad y la obligación alimentaria. La diputada Georgina Bujanda Ríos, presidenta de la Comisión de Justicia, presentó el dictamen ante el Pleno, destacando las modificaciones realizadas.
En el ámbito penal, se realizan ajustes al Código Penal del Estado. El Artículo 188 establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas de cincuenta a cuatrocientos días a quienes incumplan con la obligación alimentaria. Además, se contempla la condena al pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente, y se puede suspender los derechos de familia hasta por un año.
ESTABLECEN CONDICIONES PARA PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD
En cuanto al Código Civil, se incorpora un nuevo artículo, el 421, que establece condiciones para la pérdida de la patria potestad. Este cambio responde a situaciones de maltrato infantil, exposición o abandono de deberes por parte de quienes ejercen esta potestad. La pérdida procederá cuando sea necesaria, idónea y razonable para brindar la protección más amplia, priorizando el interés superior de la niñez.
Asimismo, se agrega una disposición (Artículo 421, IX) que establece la pérdida de patria potestad para aquellos que hayan sido condenados por el delito de feminicidio en cualquier grado en contra de la madre de sus hijos e hijas.
El Artículo 197 introduce sanciones de seis meses a tres años de prisión o trabajo comunitario, así como multas, para quienes cometan actos discriminatorios basados en diversas características de las personas. Estas acciones incluyen conductas que atenten contra la dignidad humana o busquen anular los derechos y libertades de las personas.
Estas reformas han permitido desahogar siete asuntos legislativos, abordando preocupaciones planteadas por diputadas como Georgina Zapata Lucero, el Grupo Parlamentario de MORENA y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En conjunto, estas medidas buscan fortalecer la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en el estado, adaptando la legislación a las realidades y necesidades actuales.