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Chihuahua, Chih. – El diputado del PRI, Omar Bazán, manifestó su preocupación sobre las actuales políticas de migración que incluyen el retorno asistido de menores de edad. Según Bazán, estas políticas a menudo resultan en violaciones de los derechos fundamentales de los menores, quienes son retenidos en espacios confinados mientras esperan la resolución de su deportación.
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El diputado del tricolor subrayó que aunque las autoridades aseguran que estos mecanismos brindan vigilancia a los menores no acompañados, la realidad es que los menores sufren durante este proceso. La propuesta del diputado busca garantizar que los menores no sean devueltos, expulsados, deportados o sometidos a cualquier forma de retorno si su vida, seguridad o libertad están en peligro.
La iniciativa examina la importancia de prohibir el retorno asistido, especialmente cuando el interés superior del menor está en riesgo, y analiza los contextos de persecución, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, enfatiza la necesidad de evaluar cuidadosamente las circunstancias antes de tomar decisiones sobre la devolución, expulsión o retorno de un menor.
El principio de no devolución, también conocido como non-refoulement, está establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estarían amenazadas. Aunque esta convención se refiere específicamente a refugiados, el principio se ha extendido y aplicado a otros contextos de desplazamiento forzado, incluyendo a niños y adolescentes.
Bazán destacó que la persecución puede tomar muchas formas, como violencia basada en género, reclutamiento forzado por grupos armados, violencia doméstica y explotación laboral o sexual. En muchos casos, los menores que huyen de estas circunstancias no pueden protegerse ni buscar ayuda adecuada en sus países de origen. Deportarlos a estas condiciones podría resultar en graves violaciones de sus derechos e incluso en la pérdida de sus vidas.
Finalmente, el diputado afirmó que la prohibición de devolver, expulsar, deportar o retornar a menores cuando su interés superior está en riesgo es una obligación fundamental que los estados deben cumplir para proteger los derechos y el bienestar de los menores.