Chihuahua, Chih. – El diputado del PRI, Omar Bazán, manifestó su preocupación sobre las actuales políticas de migración que incluyen el retorno asistido de menores de edad. Según Bazán, estas políticas a menudo resultan en violaciones de los derechos fundamentales de los menores, quienes son retenidos en espacios confinados mientras esperan la resolución de su deportación.
El diputado del tricolor subrayó que aunque las autoridades aseguran que estos mecanismos brindan vigilancia a los menores no acompañados, la realidad es que los menores sufren durante este proceso. La propuesta del diputado busca garantizar que los menores no sean devueltos, expulsados, deportados o sometidos a cualquier forma de retorno si su vida, seguridad o libertad están en peligro.
La iniciativa examina la importancia de prohibir el retorno asistido, especialmente cuando el interés superior del menor está en riesgo, y analiza los contextos de persecución, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, enfatiza la necesidad de evaluar cuidadosamente las circunstancias antes de tomar decisiones sobre la devolución, expulsión o retorno de un menor.
El principio de no devolución, también conocido como non-refoulement, está establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estarían amenazadas. Aunque esta convención se refiere específicamente a refugiados, el principio se ha extendido y aplicado a otros contextos de desplazamiento forzado, incluyendo a niños y adolescentes.
Bazán destacó que la persecución puede tomar muchas formas, como violencia basada en género, reclutamiento forzado por grupos armados, violencia doméstica y explotación laboral o sexual. En muchos casos, los menores que huyen de estas circunstancias no pueden protegerse ni buscar ayuda adecuada en sus países de origen. Deportarlos a estas condiciones podría resultar en graves violaciones de sus derechos e incluso en la pérdida de sus vidas.
Finalmente, el diputado afirmó que la prohibición de devolver, expulsar, deportar o retornar a menores cuando su interés superior está en riesgo es una obligación fundamental que los estados deben cumplir para proteger los derechos y el bienestar de los menores.