Chihuahua, Chih..- El diputado Omar Bazán del Grupo Parlamentario del PRI presentó una propuesta para reformar el artículo 144 del Código Penal del Estado de Chihuahua con el fin de tipificar el delito de aborto forzado. Este delito se define como la interrupción del embarazo sin el consentimiento libre y pleno de la mujer.
Según el diputado Bazán, el aborto forzado no solo atenta contra la salud y el bienestar físico y psicológico de las mujeres, sino que también es una forma extrema de violencia de género y control sobre sus cuerpos y vidas. La iniciativa propone sancionar a quienes cometan este delito con penas de prisión que varían según las circunstancias:
- Prisión de cuatro a ocho años para quienes realicen el aborto sin consentimiento.
- Prisión de ocho a diez años si se emplea violencia física o moral.
Además, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte en los siguientes casos:
- Si se pone en peligro la vida de la mujer o persona gestante.
- Si se causan daños graves a la salud de la mujer o persona gestante.
- Si el delito es cometido por alguien cercano a la víctima, como padres, pareja o personas con vínculos sentimentales.
- En caso de que el aborto forzado sea realizado por profesionales de la salud, como médicos, enfermeros o parteras, además de las sanciones penales, se les suspenderá del ejercicio de su profesión por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
El diputado Bazán enfatizó que este tipo de violencia no solo afecta la salud física de las mujeres, causando posibles infecciones, hemorragias y lesiones uterinas, sino que también tiene serias repercusiones psicológicas. Las mujeres que han sido sometidas a abortos forzados pueden sufrir de estrés postraumático, ansiedad, depresión y sentimientos de deshumanización y vulnerabilidad.
El aborto forzado, enfatizó el legislador del tricolor, es una práctica que tiene raíces en la desigualdad de género y la discriminación. Históricamente, los cuerpos de las mujeres han sido controlados y dominados, considerándolos como propiedad de los hombres o del Estado. Este delito puede ser ejecutado mediante coerción, amenazas o violencia, afectando gravemente la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y embarazos.