Chihuahua, Chih., 7 de mayo de 2025.– El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una modificación al artículo 83 ter de la Constitución Política local con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para la fiscalización de los recursos públicos, tanto estatales como federales.
La reforma elimina la exigencia de “previa coordinación” con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en su lugar incorpora la posibilidad de actuar “de manera directa o en coordinación”, ampliando así las facultades técnicas del órgano estatal para ejercer sus atribuciones sin limitaciones indebidas.
DARÁ MAYOR TRANSPARENCIA A USO DE RECURSOS FEDERALES
Según explicó la diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización, este ajuste busca alinear a la ASE con los estándares federales y garantizar que la revisión del uso de los recursos se realice con mayor eficacia y autonomía, especialmente en casos donde existan participaciones federales o empréstitos garantizados por la Federación.
El nuevo texto del artículo establece que:
“De manera directa o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar las participaciones federales. En el caso de que el Estado y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado.”
En términos prácticos, esta reforma permite que la ASE pueda iniciar procesos de fiscalización sin depender exclusivamente de convenios previos con la ASF, lo que podría agilizar auditorías y fortalecimiento de responsabilidades en casos de irregularidades.
La Auditoría Superior del Estado es un órgano dependiente del Congreso local, pero con autonomía técnica, presupuestal, orgánica y normativa, por lo que esta modificación refuerza su papel como entidad clave en la rendición de cuentas a nivel estatal.
Dado que se trata de una reforma constitucional, el Congreso deberá remitir la iniciativa, dictamen y debate legislativo a los 67 ayuntamientos del estado para su validación, conforme al procedimiento legal de reformas en la entidad.