
Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Durante los últimos cuatro meses, las autoridades se han enfocado en la armonización de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el estado de Chihuahua, con base en la última reforma federal en la materia, destacó a Fuenteinfo la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto.
La legisladora recordó que hoy, jueves 15 de mayo, es la fecha límite para que las autoridades y entes a los que se convocó a participar en la construcción de la propuesta de armonización, entreguen sus opiniones.
Dichos entes son: Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Secretaría de la Función Pública (SFP), Fiscalía Anticorrupción, Secretaría General de Gobierno, Titular de la Unidad Administrativa del Poder Judicial, Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Comité de Participación Ciudadana.

Portillo manifestó que en días próximos se analizarán las propuestas en sesión de la Comisión que preside.
“Como lo he dicho desde un primer momento, lo que se busca es que esto sea en beneficio de las y los chihuahuenses y que no demos un paso atrás en materia de transparencia porque ha costado mucho a las y los mexicanos la opacidad en todos los sentidos”, dijo.
Explicó que como competencia estatal, deben tomar como base la Ley General y a partir de ahí trabajar en la armonización. “Muy pronto les estaremos compartiendo las opiniones que nos compartieron”. Agregó que las modificaciones son claras: transitar en el sentido de la Ley General.
ANALIZARÁN DICTAMEN EN JUNIO
Respecto a la calendarización, señaló que el lunes 3 de junio se tiene programado el dictamen para discusión y votación en Comisiones, mientras que el 10 de junio se estaría subiendo el dictamen al Pleno del Legislativo para su votación final.
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La reciente reforma a la Ley General de Transparencia en México fue impulsada por el Gobierno Federal y aprobada en marzo de 2025. Entre los cambios más relevantes está la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), cuyas funciones ahora serán asumidas por un nuevo órgano dependiente del Ejecutivo, llamado “Transparencia para el Pueblo”.
Además, se ampliaron de 13 a 17 las causales para reservar información, incluyendo datos sobre infraestructura y corrupción que solo podrán hacerse públicos una vez que los actos estén debidamente acreditados.
La reforma también descentraliza la figura del garante de transparencia en los estados, asignando esa función a cada poder o ente autónomo local.
En México, las reformas federales deben ser armonizadas en las entidades federativas debido a la estructura del Estado federal, en la cual coexisten dos niveles de gobierno con competencias propias: el federal y el estatal. Esta necesidad de armonización se basa en el principio de congruencia normativa, que busca que las leyes locales no contradigan y, al contrario, se adapten a los cambios realizados en el marco jurídico nacional.
La armonización legislativa es el proceso por el cual los estados ajustan su marco normativo local (constituciones, leyes y reglamentos) para que esté en sintonía con las reformas o nuevas disposiciones establecidas a nivel federal.
Es decir, cuando el Congreso de la Unión modifica la Constitución o una ley general, las entidades federativas están obligadas a adecuar sus leyes locales para cumplir con lo establecido por la ley federal, dentro del plazo que generalmente marca la misma reforma.