Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Esta tarde, el director de CONAGUA en Chihuahua, Román Alcántar, compartió los detalles sobre las acciones legales en contra de la infraestructura hídrica ilegal localizada en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Destacó que al ex mandatario no contaba con concesiones para contar con dicha infraestructura, razón por la que se le habría multado con 1.5 millones de pesos.
Apuntó a la prensa que la Comisión llevó a cabo este lunes 26 y martes 27 una serie de acciones legales en contra de la infraestructura hídrica ilegal localizada en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la explotación no autorizada de aguas nacionales.
El operativo se efectuó tras una resolución definitiva dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa y ratificada por el Tribunal de Amparo, que confirmó la ilegalidad de las obras construidas sin concesión.
De acuerdo con Alcántar, en dicho predio se construyeron una presa principal y al menos cuatro represas adicionales sobre el cauce de un arroyo que desemboca en el río Las Agujas, dentro de la cuenca del río Conchos, tributario del río Bravo.
Las obras incluyeron una cortina de concreto de 41 metros de largo por 10 de ancho, alterando de forma significativa el flujo natural del agua y permitiendo el almacenamiento en una zona de alto estrés hídrico.
INICIÓ CONAGUA PROCEDIMIENTO DESDE 2016
Desde 2016, la CONAGUA inició procedimientos administrativos contra el exmandatario, tras detectar cuerpos de agua en el interior del rancho durante una visita de inspección.
En enero de 2017 se notificó a Duarte sobre el inicio del proceso sancionador, luego de constatar que no contaba con títulos de concesión que acreditaran la legalidad de la explotación del recurso. En marzo de 2018 se resolvió imponerle una multa de aproximadamente 1.5 millones de pesos, tres clausuras temporales, y la demolición de cinco sitios con infraestructura ilegal sobre el arroyo del Saucito.
Duarte presentó medios de impugnación que concluyeron el 20 de mayo de 2019, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de CONAGUA. Posteriormente, el exgobernador promovió un juicio de amparo, mismo que fue desechado el 13 de marzo de 2020, dejando firme la resolución.
SANCIONES: CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y DESFOGUES
La dependencia federal procedió entonces con la ejecución del mandato judicial el 26 de mayo de 2025, a pesar de la negativa del representante legal del predio a colaborar con la diligencia de inspección.
Durante las acciones ejecutadas el 27 de mayo, se clausuraron un aprovechamiento superficial y uno subterráneo, se demolió el muro de contención del “sitio 4”, se desfogaron las presas 2, 3 y 4, y se retiró la tapa de la escotilla de una de ellas.
NUEVO AMPARO “EXPRÉS” DETUVO EL OPERATIVO
Sin embargo, a las 17:52 horas del mismo día, CONAGUA recibió una notificación de su Subdirección General Jurídica informando sobre la posible presentación de un nuevo juicio de amparo, por lo que se ordenó detener temporalmente la ejecución de las sanciones.
La jueza que otorgó la suspensión provisional es la misma que previamente frenó la distribución de libros de texto gratuitos: Madhay Soto Morales.
El director general de CONAGUA, Efraín Morales, informó sobre estas acciones durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Señaló que en la inspección se detectaron estructuras con capacidad conjunta superior a los 700 mil metros cúbicos, todas construidas y operadas sin permisos, lo que representa un daño ambiental grave en una región afectada por la sequía.
La presidenta Sheinbaum subrayó que esta actividad ilegal representa una afectación directa al cumplimiento del Tratado de Aguas Binacional de 1944 con Estados Unidos, agravando la ya difícil situación hídrica en la zona norte del país.