Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.— El panorama financiero y operativo de Pensiones Civiles del Estado (PCE) fue expuesto ante el Congreso local por su director general, Heriberto Miranda Pérez, durante una comparecencia ante la Comisión Especial para la Atención Inmediata de la Problemática en PCE, presidida por el diputado morenista Óscar Avitia. En su intervención, Miranda delineó un escenario crítico marcado por un elevado endeudamiento, conflictos legales persistentes y un déficit actuarial de gran magnitud.
“El adeudo que se debe es de las administraciones pasadas (…) que se reconozca el adeudo, se los entregamos el oficio y estamos por firmar convenios con los organismos afiliados para empezar a disminuir el tema del adeudo porque PCE tiene necesidad de pagos a proveedores”, declaró el funcionario.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, al cierre de 2024 el pasivo con proveedores alcanzó los $1,090 millones de pesos, siendo el 2024 el año con mayor carga: más de $1,000 millones fueron generados tan solo en ese periodo.
Además del adeudo operativo, Miranda confirmó un déficit actuarial estimado en $192,656 millones de pesos, resultado de una desproporción crítica entre los $20,787 millones en activos actuales y los compromisos proyectados a largo plazo por $213,443 millones.
A nivel jurídico, PCE enfrenta una carga significativa: más de 12 mil litigios activos hasta abril de 2025. Las demandas, derivadas de contradicciones entre el Reglamento de Servicios Médicos de 1982 y la Ley de Pensiones de 2014, incluyen casos colectivos por exclusiones de cónyuges, ascendientes y personas con discapacidad. El costo estimado de esta problemática asciende a $396.4 millones de pesos anuales.
Miranda subrayó que “lo peor que podemos hacer cuando llegamos a este tipo de cargos es no hacer nada (…) Estamos en la segunda etapa de la firma de los convenios”, y destacó la liberación reciente de $108 millones de pesos.
Actualmente, PCE brinda servicios a 94,470 derechohabientes, una cifra en aumento desde 2021. Del total, 48,405 son beneficiarios, 24,448 trabajadores en activo y 21,617 pensionados. La concentración poblacional se da principalmente en Chihuahua capital, que aglutina más de la mitad del padrón.
El envejecimiento de la población afiliada también agrava la presión financiera. Un 35% de los usuarios con servicio médico tiene más de 60 años, con mayor proporción en el sector educativo, donde el 45% supera esa edad. Esto impacta directamente en los costos del sistema de salud, que en 2024 alcanzaron los $3,030 millones de pesos, cifra que casi duplica los montos de 2017.
En paralelo, el gasto en pensiones y jubilaciones creció exponencialmente, llegando a $9,177 millones de pesos en 2024, frente a los $4,614 millones registrados en 2017. Los rubros más costosos son pensiones ($7,803 millones), jubilaciones ($749 millones) y apoyos por viudez y orfandad ($621 millones).