Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
I
A continuación vamos a analizar no un caso aislado, sino un patrón de apropiación y desordenamiento territorial que hemos experimentado de forma vertiginosa durante los últimos años en la ciudad de Chihuahua. Veremos las causas y las consecuencias desastrosas de un modelo de desarrollo urbano que contradice la sustentabilidad, y cómo una torre de 17 pisos que incluye un área comercial, a unos cuantos metros de la presa Rejón, es otro clavo más para el ataúd de la salud del medio ambiente, lo cual afecta a todas las familias de Chihuahua y aumenta los riesgos e impactos en un futuro cercano.
II
La aprobación
El 17 de mayo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el acuerdo de aprobación de un estudio para el cambio de uso de suelo de la Torre Rejón, un monstruo que busca transformar —por medio de un deterioro forzado— para siempre el paisaje de la presa del mismo nombre. Una presa que fue construida hace décadas para contener las avenidas del gran arroyo Rejón y para acumular agua de lluvia, hoy es presa de la especulación inmobiliaria, que no mide las consecuencias de su avaricia.
Como resultado de una investigación preliminar, hemos detectado la falsificación de datos personales para la aprobación de este proyecto, lo cual está en proceso de ser denunciado. Además, llama la atención la nula información sobre el impacto que este proyecto podría ocasionar en la flora y fauna acuática, así como en aves migratorias. El documento fue elaborado por la actual directora del IMPLAN, lo que debería encender las alarmas, pues en cualquier parte del mundo se sabe que es una mala señal que la iniciativa privada salte a la función pública para favorecer intereses económicos, como ha ocurrido también en el caso del Cerro Mesa de los Caballos.
III
Recuento de daños
A pesar de que el gobierno municipal y estatal aprobaron el cambio de uso de suelo (situación tan vergonzosa que incluso intentaron simular que la torre “todavía no estaba aprobada”, aunque un acuerdo como el del 17 de mayo es una bandera verde muy clara para seguir con este tipo de megaproyectos), a nivel federal la zona corresponde a suelo forestal de zona árida, el cual solo puede ser modificado por SEMARNAT.
Ante este faltante, ninguno de los tres niveles de gobierno se ha pronunciado aún, aunque según las presunciones de quien escribe esto, los hechos podrían ser tipificados como un delito de cambio ilegal de uso de suelo.
La zona está cubierta de vegetación y árboles desérticos, según lo que menciona el propio estudio técnico, por lo que podría considerarse una contradicción al Decreto de Zona Forestal Protectora Vedada de 1937 —antecedente directo de Majalca— el cual prohíbe la extracción con fines comerciales de la vegetación de zona árida. Esto, además, en una situación de sequía extrema, favorece aún más el arrastre de materiales a la presa, disminuye la captación, aumenta la contaminación y las temperaturas. Todo esto se verá agravado con el impacto de más de 290 viviendas y locales comerciales que se pretenden construir en la zona.
IV
Participación falsa
Otra “red flag” de la autorización del nefasto megaproyecto es el hecho de que, previo a la publicación del acuerdo del cambio de uso de suelo, vecinas y vecinos de la zona del Reliz —que será directamente afectada por la construcción de la Torre— señalaron una situación crítica con respecto al tráfico, la falta de conectividad vial y de transporte público en la zona.
Las autoridades simularon escuchar a la comunidad vecinal, pero en su primera oportunidad dieron un paso en la dirección diametralmente opuesta a la necesaria para empezar a resolver el exceso de tráfico:
Aprobaron aumentar en más de 300 vehículos la saturación de la zona, pues el estudio técnico señala que la avenida prolongación Teófilo Borunda es capaz de liberar el tráfico, información falsa que debería ser sancionada con la cancelación del acuerdo. Pero además, es una burla total a las personas que creyeron en los mecanismos de participación ciudadana con los gobiernos municipal y estatal, y solo recibieron oídos sordos y puertas cerradas.
V
Conclusión
Hemos visto lo desastroso que es la torre impulsada por los alfiles: para el estado de derecho, para el agua de la presa Rejón, para el suelo de conservación que mitiga la sequía, el cambio climático, la contaminación. Hemos comprobado cómo la decisión viene desde un autoritarismo que no teme falsificar datos personales, contradecir el estado de derecho e impactar para siempre el paisaje con tal de favorecer a la iniciativa privada, profundamente asociada al poder público, rayando lo inmoral y probablemente lo ilegal.
Ahora toca ver cómo la ciudadanía se organiza para defender el agua, el territorio, el paisaje y los espacios públicos, y no dejar que una pseudo-monarquía enquistada en los poderes políticos y económicos haga y deshaga a su antojo la ciudad, aunque esto implique la pérdida de importantes espacios y el abuso de derechos: desde los ambientales hasta los sociales, pasando por encima de la participación ciudadana.
Solo si la ciudadanía se une y actúa en contra de las imposiciones del llamado “cártel inmobiliario” podremos pensar en un futuro con sustentabilidad para la ciudad de Chihuahua.