Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El caso del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, sigue su curso en el ámbito legal. Así lo confirmó esta mañana Román Alcántar, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Chihuahua, destacando que el proceso fue turnado al Departamento Jurídico de la dependencia a nivel central.
Según explicó Alcántar, ya se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) los argumentos legales que respaldan el desmantelamiento de presas construidas de manera irregular en dicho predio.
Aunque la dirección estatal de CONAGUA podría brindar apoyo en caso de ser requerido, el funcionario enfatizó que por ahora toda la gestión se encuentra en manos de la Subdirección Jurídica en oficinas centrales.
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“Si nosotros podemos coadyuvar en algo, lo haremos desde esta dirección local”, mencionó.
Además del litigio por el uso indebido del agua, el funcionario federal confirmó que se presentó una denuncia por presunto maltrato animal ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), luego de que el 26 de mayo se detectara ganado aparentemente abandonado en el mismo rancho.
“Hasta donde tengo entendido sí va a haber una posible intervención y va a ser la autoridad quien determine sanción pueda haber y sobre todo qué animales puedan encuadrar en esto. El tema del ganado es un poco complicado”, señaló Alcántar.
CABE RECORDAR QUE…
Desde 2016, la CONAGUA inició procedimientos administrativos contra el exmandatario, tras detectar cuerpos de agua en el interior del rancho durante una visita de inspección.
En enero de 2017 se notificó a Duarte sobre el inicio del proceso sancionador, luego de constatar que no contaba con títulos de concesión que acreditaran la legalidad de la explotación del recurso. En marzo de 2018 se resolvió imponerle una multa de aproximadamente 1.5 millones de pesos, tres clausuras temporales, y la demolición de cinco sitios con infraestructura ilegal sobre el arroyo del Saucito.
Duarte presentó medios de impugnación que concluyeron el 20 de mayo de 2019, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de CONAGUA. Posteriormente, el exgobernador promovió un juicio de amparo, mismo que fue desechado el 13 de marzo de 2020, dejando firme la resolución.
La dependencia federal procedió entonces con la ejecución del mandato judicial el 26 de mayo de 2025, a pesar de la negativa del representante legal del predio a colaborar con la diligencia de inspección.