Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La delegada estatal de la Secretaría de Bienestar, Mayra Chávez, defendió el nuevo esquema de entrega directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas, asegurando que se trata de una medida legal, legítima y conforme al mandato constitucional.
Chávez explicó que esta reorientación del presupuesto público tiene como objetivo empoderar a las comunidades indígenas para que tomen decisiones propias sobre el destino de los recursos.
“Se acabaron también los tiempos en que podía llegar alguien desde la comodidad de su escritorio y decir qué era lo que los pueblos y comunidades indígenas requerían”, expresó.
Frente a críticas concretas del alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza en las que que acusa al programa de entrometerse en competencias municipales o de incentivar el uso discrecional del dinero público, la funcionaria fue enfática en que el modelo se encuentra respaldado por la Constitución.
“El artículo segundo constitucional establece que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derechos, son sujetos también para poder ejercer recurso público”, señaló.
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La representante federal contrastó este enfoque con prácticas anteriores donde los recursos eran distribuidos con discrecionalidad, beneficiando a funcionarios o empresarios cercanos a las autoridades locales.
“Ya se acabaron los tiempos en los que andaban los presidentes municipales con proyectos bajo el brazo y que la Cámara de Diputados ejercía recursos a discreción para solamente beneficiar a unos cuantos que eran los que podían llegar y para beneficiar a unas cuantas empresas constructoras, amigos de los presidentes municipales”, añadió.
A las voces que consideran que el mecanismo podría colocar en desventaja a municipios que generan mayores recursos, Chávez respondió “yo no creo que poner a los pueblos y comunidades indígenas y hacerles justicia a los pueblos y comunidades indígenas sea poner en desventaja a los pueblos de ningún municipio. Más bien, es que lo van a ejercer directamente los pueblos y comunidades indígenas y no los gobiernos como tal”.
También minimizó las preocupaciones respecto a la transparencia del modelo, indicando que la información sobre la aplicación de estos recursos está disponible públicamente.
“Creo que estuvo presente en este tipo de reformas y creo que es conocedor del Diario Oficial de la Federación”, puntualizó.