Chihuahua, Chih.- Un juez federal resolvió que se realice una auditoría externa a la Delegación del Bienestar en Chihuahua para investigar presuntas anomalías ocurridas durante el periodo en que estuvo al frente el actual senador Juan Carlos Loera de la Rosa.
La decisión deriva de un juicio de amparo promovido desde 2019 por el ingeniero Hugo Ruiz Esparza, exempleado de la dependencia, quien ha sostenido diversas denuncias por corrupción en el manejo de los programas sociales.
Durante rueda de prensa ofrecida esta tarde, Ruiz Esparza presentó un video correspondiente a una audiencia celebrada el 17 de agosto de 2023, en el que, según aseguró, el entonces representante jurídico de la Delegación reconoce la desaparición de 3 mil 814 recibos de pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2021 del programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
SEÑALA AL SENADOR LOERA Y MARCELINO GÓMEZ BRENES
El denunciante recordó que la primera alerta sobre estos faltantes fue presentada el 28 de agosto de 2022, sin que sus superiores en la Delegación atendieran la denuncia. Tras varios recursos legales, fue hasta junio de este año cuando un tribunal colegiado ratificó la sentencia emitida por el Juzgado Décimo de Distrito, confirmando la procedencia del amparo y ordenando iniciar la auditoría externa.
Ruiz Esparza reiteró que fue él quien detectó y denunció el presunto robo de becas, señalando directamente a Marcelino Gómez Brenes, entonces delegado regional, y a Juan Carlos Loera, quien encabezaba la Delegación estatal en ese periodo.
El juez ordenó que la auditoría abarque desde 2019, periodo correspondiente a la administración de Loera de la Rosa. Según Ruiz, esto permitirá esclarecer irregularidades como el uso de documentación duplicada, pagos a beneficiarios ya fallecidos y otras inconsistencias administrativas.
En octubre de 2023, el ciudadano también denunció públicamente que el Bienestar lo acusó de haber sustraído los documentos extraviados, aunque posteriormente el Ministerio Público Federal determinó que no había elementos para imputarle responsabilidad. Aun así, la Delegación del Bienestar insistió en mantener la acusación, lo que llevó al juez federal a ordenar la continuidad de la investigación.
“La Delegación, al insistir en la denuncia, reconoce de facto el faltante de los documentos”, indicó Ruiz, quien también ha solicitado copias de los mismos como parte de su estrategia legal.
DENUNCIA LO QUIEREN HACER CHIVO EXPIATORIO
En noviembre de 2024, Hugo Ruiz fue detenido en Chihuahua y trasladado a Guadalajara, Jalisco, acusado de movimientos irregulares cuando aún laboraba en el Bienestar.
Según su testimonio, durante el traslado fue golpeado, incomunicado y mantenido esposado por más de 16 horas. Aseguró que la acusación tiene tintes de represalia política por sus denuncias contra exfuncionarios federales y alegó que los documentos que comprobarían la legalidad de su actuación fueron también desaparecidos, tanto en Chihuahua como en Jalisco.
“Me quieren inculpar. Desaparecieron los documentos para no dejar rastro de mi trabajo”, sostuvo.
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Además de esta causa, Ruiz Esparza ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, todas relacionadas con presuntos desvíos de recursos y corrupción en el manejo de los programas del Bienestar.
El hoy senador Juan Carlos Loera ha minimizado las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña orquestada en su contra con fines políticos. Ha declarado en distintas ocasiones que no responderá a provocaciones y que se trata de “falsas acusaciones”.
“Esta nueva orden del juzgado federal le explica a Ariadna Montiel y al jurídico de la Secretaría del Bienestar a nivel federal que el siguiente paso, en caso de volver a hacer caso omiso, será la aplicación de sanciones administrativas e incluso penales”, advirtió Ruiz Esparza.