Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
En la zona poniente de la ciudad de Chihuahua, una de las pocas áreas donde aún persisten ecosistemas nativos en medio del crecimiento urbano, el llamado “Cerro del Caballo” —también conocido como Mesa de los Caballos— enfrenta una amenaza frontal: la autorización federal para el desarrollo de un megaproyecto inmobiliario llamado “Valle Colorado”, que pretende remover más de 140 hectáreas de vegetación en una zona con vocación forestal y valor ecológico reconocido por la propia ciudadanía.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) acaba de autorizar el cambio de uso de suelo forestal en este cerro. Y con ello, ha cometido una traición doble: a la ley ambiental y a los cerros de Chihuahua.
¿Por qué? Porque la resolución que emitió se basa en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) deficiente y contradictoria, que niega la existencia de cauces naturales, omite decretos federales como el de 1936 que protege esta zona, y no menciona que el predio está catalogado como suelo de conservación y zona forestal protectora municipal.
Y aunque otras empresas han urbanizado esta zona ilegalmente, sin permiso de cambio de uso de suelo, el caso Valle Colorado no corrige esa ilegalidad: la institucionaliza. Lejos de sancionar o restaurar el daño, la SEMARNAT ahora otorga el permiso que otros fraccionamientos no tuvieron ni gestionaron.
En un giro grotesco, la Federación está violentando la zonificación ecológica municipal, cuando en otros casos ha sido el municipio quien se ha querido saltar las normas. Aquí, es la autoridad ambiental nacional quien legitima la destrucción de un territorio que, según sus propios documentos técnicos, sí tiene vegetación forestal, especies protegidas y funciones ecológicas clave como recarga de acuíferos, infiltración de agua y captura de carbono.
Esto no es un trámite más. Es un precedente peligroso: si SEMARNAT autoriza este fraccionamiento, ¿qué impide que mañana se urbanice cualquier otra zona forestal bajo el mismo procedimiento maquillado?
En 2024, más del 97% de las y los participantes en una consulta pública se pronunciaron a favor de proteger el Cerro del Caballo. Hoy, con esta resolución, el gobierno ignora la voluntad ciudadana, traiciona sus principios y renuncia a su deber de proteger el patrimonio natural.
No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de preguntarnos ¿a qué costo? ¿Podemos llamar progreso a una ciudad que expande su mancha urbana sobre cerros, arroyos y suelo forestal sin servicios básicos y sin sustentabilidad?
Lo que está en juego no es solo un predio: es el futuro ecológico de Chihuahua y el respeto a las leyes que debieran impedir este ecocidio institucionalizado.