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Por: Josselyn Enriquez

Chihuahua, Chih.- A través de un pronunciamiento público por redes sociales, el colectivo de vecinos Revolución Reliz expresó su profunda inconformidad con el actuar del Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, ante las detonaciones con explosivos realizadas en la zona de Haciendas, las cuales -aseguran- han generado afectaciones en viviendas cercanas y representan un riesgo para la seguridad de cientos de familias.

La agrupación, conformada por vecinas y vecinos, señalaron que su organización surgió como respuesta al incremento de accidentes viales e incluso hasta llegar al deceso, la falta de condiciones de movilidad y el caos vial que -afirman- han deteriorado significativamente su calidad de vida. Desde hace cinco meses, explicaron que han sostenido reuniones con autoridades municipales bajo una postura de respeto y corresponsabilidad ciudadana, sin obtener soluciones concretas.

Nos preocupa y desconcierta la actitud del alcalde Marco Bonilla frente a las detonaciones realizadas en la zona de Haciendas así como de Adriana Diaz Negrete titular de la Dirección de Obras Públicas y Ecología”, señalaron en su posicionamiento. “La negativa, la falta de respuesta y el deslinde de responsabilidades no solo son inadmisibles, sino una ofensa a la ciudadanía. Que no se equivoquen: no somos ingenuos ni desinformados. Hemos sido pacientes, hemos buscado el diálogo y hemos respetado los tiempos institucionales. Pero mientras nosotros esperamos soluciones, ustedes se lavan las manos. La ciudadanía merece algo mucho mejor”

El colectivo recordó que el Artículo 47 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua establece que, debe presentarse un programa detallado con fecha y horas exactas, contar con aprobación de autoridades municipales y notificar a los vecinos colindantes con al menos 24 horas de anticipación. También exige que se instalen protecciones adecuadas en colindancias y vías públicas antes y durante las detonaciones.

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Contrario a lo señalado por funcionarios municipales, el colectivo aseguró que no es exclusivo de SEDENA autorizar estas prácticas, pues previamente se deben cumplir requisitos específicos ante el Gobierno Municipal y Estatal. Como comunidad organizada, indicaron haber acudido personalmente a la Quinta Zona Militar y consultar la normativa oficial publicada por la SEDENA.

Entre los requisitos que afirmaron sí corresponde al Municipio o al Gobierno del Estado, citaron:

  • Conformidad respecto a seguridad y ubicación de los polvorines conforme a modelo oficial, firmada por quien sea el titular de la presidencia municipal o de la alcaldía en la Ciudad de México (una por cada polvorín).
  • Referencias del lugar de consumo, conforme al modelo oficial, firmadas por la persona interesada.
  • Conformidad respecto a seguridad y ubicación de polvorines, también firmada por la presidencia municipal (una por cada polvorín).
  • Opinión favorable de la persona titular de la gubernatura, señalando el tipo y ubicación del consumo.
    Estos elementos, señalaron, son obligatorios antes de que la SEDENA emita el permiso general para la compra, almacenamiento y uso de explosivos.

Estos elementos, señalaron, son obligatorios antes de que la SEDENA emita el permiso general para la compra, almacenamiento y uso de explosivos.

Por ello, el colectivo exige al Gobierno Municipal lo siguiente:

  • Atender con seriedad las preocupaciones vecinales
  • Garantizar la seguridad física de las familias cuyas viviendas se ubican a 300 metros de las zonas de detonación
  • Reparar los daños actuales en las viviendas afectadas
  • Obligar a las constructoras a presentar fianza y seguro de responsabilidad civil
  • Detener de inmediato el uso de explosivos y continuar con métodos manuales
  • Que el cabildo revise los reglamentos vigentes sobre la construcción de fraccionamientos

Finalmente, señalaron directamente a la desarrolladora Ruba Chihuahua, a la que acusan de realizar detonaciones únicamente para reducir costos, pese al riesgo que ello representa. “La responsabilidad del Gobierno Municipal es con su gente, no con una constructora”, señalaron.

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