Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
La presa El Rejón no solo forma parte del paisaje urbano de la ciudad de Chihuahua: es uno de los pocos cuerpos de agua permanentes de la región, un ecosistema vital y también un símbolo de las tensiones entre el bien común y los intereses privados. Concebida originalmente para el control de avenidas del río Chuvíscar y para abastecer de agua potable a la población —con una capacidad de aproximadamente 2,000 millones de metros cúbicos—, hoy esta presa enfrenta una amenaza silenciosa pero persistente: la contaminación y la urbanización desregulada que la rodea.
Un estudio presentado por el CIMAV en un congreso nacional reveló lo alarmante: los peces que habitan en El Rejón contienen niveles preocupantes de metales pesados como plomo, cadmio y mercurio. En primavera y otoño, el plomo superó el límite legal de 1 mg/kg de peso húmedo en el músculo de peces, alcanzando hasta 3.154 mg/kg en el caso del bagre de canal y 3.516 mg/kg en mojarra verde. Es decir, más del triple de lo permitido por la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA1-1993. Esto implica un riesgo directo a la salud pública, especialmente para las personas que consumen estos peces sin conocer su nivel de contaminación. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta es clara: escorrentías urbanas cargadas de contaminantes, actividades recreativas sin control y el abandono institucional.
Recientemente, habitantes de Chihuahua y activistas socioambientales hemos documentado y denunciado ante la PROFEPA actos de desmonte, modificación y uso indebido de un ecosistema forestal protegido en inmediaciones de la presa. Las obras han sido realizadas sin contar con las autorizaciones correspondientes por parte de la SEMARNAT. La propia PROFEPA ha emitido dos documentos clave: uno en el que se reconoce la recepción de la denuncia, y otro en el que confirma que realizó una inspección en sitio, detectando posibles infracciones y turnando el caso a la Subdirección Jurídica para que se inicie un procedimiento administrativo.
Estas obras no solo destruyen hábitat y contaminan: privatizan el espacio público bajo el discurso del “mejoramiento”. Mientras tanto, las comunidades pierden acceso al agua limpia, al territorio, al derecho a un ambiente sano.
Durante la manifestación del pasado jueves, las voces fueron contundentes: “El agua es de Chihuahua, no de empresas privadas”, “No a la privatización de El Rejón”, y “Fuera el Estado de Israel de nuestros recursos hídricos”. El reciente acuerdo firmado entre autoridades del estado de Chihuahua y representantes del régimen israelí es una burla a la inteligencia y la dignidad de los pueblos. Un estado que ha utilizado el control del agua como arma de guerra en Palestina no puede ser un aliado válido en la gestión hídrica de una región como la nuestra, que ya sufre una sequía histórica, sobreexplotación de mantos acuíferos y una infraestructura hídrica en ruinas.
Este acuerdo revela, además, la total desconexión de nuestras autoridades con la realidad ambiental de la ciudad. ¿Cómo pueden firmar convenios internacionales mientras permiten, o incluso promueven, obras ilegales que destruyen ecosistemas vitales como El Rejón?
La defensa del agua no puede quedar solo en el papel. Las denuncias legales son indispensables, pero también lo son las movilizaciones, las asambleas y las acciones colectivas. Seguiremos marchando, señalando a los responsables, y protegiendo cada cuerpo de agua, cada cerro, cada especie. El Rejón no está solo.
La lucha por el agua es también una lucha por el territorio, por la salud, por la vida. Y no la vamos a soltar.