Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
En Chihuahua, el pasivo ambiental de Ávalos sigue ahí, a la vista de todos, como una herida abierta que las autoridades, en especial la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han dejado supurar durante décadas. Por casi noventa años, en la Planta de Ávalos se refinaron minerales como plomo, zinc y cobre, acumulando toneladas de residuos peligrosos —escorias, jales, polvos— cargados de metales pesados.
La planta cerró en 1997, pero el daño quedó. Ni la empresa responsable ni los tres niveles de gobierno, con SEMARNAT al frente, han asegurado una remediación real. Los estudios lo confirmaron hace tiempo: el suelo, el aire y las zonas aledañas están contaminados, y eso significa riesgo para la salud de cualquiera que viva cerca. Aun así, en 2004, el Gobierno de Chihuahua decidió construir justo al lado el fraccionamiento Rinconada los Nogales, un desarrollo de interés social donde hoy viven familias, niños y comunidades rarámuri en situación de vulnerabilidad.
La CNDH ya ha documentado lo que muchos sabíamos: que la exposición a estos contaminantes es una violación a los derechos humanos, especialmente de la niñez. Hay casos de plomo en sangre, presencia de metales pesados en el entorno y una larga lista de irregularidades en los permisos que hicieron posible levantar viviendas en una zona de riesgo. Y, sin embargo, SEMARNAT sigue sin cumplir con su papel.
No ha garantizado la remediación integral del sitio.
No ha frenado la expansión urbana en zonas contaminadas.
No ha vigilado el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que regula los límites de metales en suelos.
La CNDH ya emitió recomendaciones. Lo que falta es voluntad y acción. Y no solo eso: es urgente que SEMARNAT ejecute un plan de remediación serio, con recursos federales y supervisión independiente; que se monitoree de forma pública la calidad del aire, agua y suelo; que se investigue y sancione a quienes autorizaron ese fraccionamiento; y que se garantice atención médica especializada a las personas afectadas, en especial a niñas, niños y comunidades indígenas.
Este no es un problema técnico, es un problema ético. Es la historia de cómo la negligencia institucional convierte un desastre ambiental en una crisis de derechos humanos. Y no es un asunto que pueda seguir esperando. Cada día que pasa sin acción, la deuda con la gente crece y el daño se profundiza.
SEMARNAT tiene la obligación legal y moral de actuar. La sociedad tiene el deber de recordárselo. Y los medios y organizaciones debemos mantener la presión para que este caso no quede en el olvido.
Porque cuando se trata de la salud y la vida de las personas, no hay justificación posible para mirar hacia otro lado.