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Por: Josselyn Enriquez

Chihuahua, Chih.- Luego de que el colectivo Viernes por el Futuro (VxF) confirmará a través de una solicitud de información donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmara que la empresa Ruba Residencial no cuenta con autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal para el fraccionamiento Siena, ubicado en el Valle de las Tres Presas, el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza señaló que el Municipio no asumirá tareas que corresponden a dependencias federales.

Durante atención a medios locales, dio respuesta al cuestionamiento sobre la coordinación entre Municipio y SEMARNAT:

El municipio tiene ciertas determinaciones legales, constitucionales, municipales y estatales. Nosotros estamos sujetándonos a esas determinaciones. Cuando hay temas de supervisiones, nosotros no vamos con SEMARNAT ni con Profepa a pedirles que nos hagan nuestra chamba, así como nosotros tampoco estamos dispuestos a hacerle la chamba a estas dependencias federales”.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección de al Ambiente (LGEEPA) establece que cualquier proyecto que afecte el ambiente, como el cambio de uso de suelo forestal o el desarrollo de fraccionamientos, requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por SEMARNAT y que la Profepa supervise y sancione los incumplimientos. Además, la Ley General de Asentamientos Humanos obliga a los municipios a garantizar que los desarrollos urbanos cumplan con la legislación ambiental federal antes de otorgar permisos de construcción o uso de suelo.

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Organizaciones como VxF han denunciado que desarrolladores inmobiliarios en Chihuahua han evadido evaluaciones ambientales mediante permisos municipales, generando desmontes ilegales y daños a viviendas. En la zona Reliz, vecinos y el comité Revolución Reliz han denunciado el uso de explosivos para la construcción de fraccionamientos, lo que afectó al menos 54 viviendas y sigue afectando. En este contexto, el alcalde Marco Bonilla, al afirmar que el Municipio no coordina con SEMARNAT ni PROFEPA y que la autorización de explosivos corresponde exclusivamente a la SEDENA, contradice la obligación práctica de garantizar que los proyectos urbanos cumplan con la legislación ambiental federal, aunque la ley estatal no lo mencione de manera explícita.

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