Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La legisladora del Movimiento Ciudadano (MC), Alma Portillo Lerma, cuestionó la relación que mantienen la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) con Israel, al señalar que, ante el conflicto geopolítico y genocidio en Gaza, resulta inaceptable que Chihuahua mantenga vínculos de cooperación con un Estado señalado por violaciones a los derechos humanos.
“Sé de estos convenios que se tienen y realmente hay muchos otros países de los que pudiéramos tomar ejemplos que no estén en este conflicto tan fuerte como Israel.Yo sí repruebo estos convenios y he sido una defensora de comunidades chihuahuenses para que tengan acceso al agua. Sin embargo, Israel no es el único país que tiene las tecnologías para sobrellevar sequías como las que vivimos en nuestro estado”, declaró.
En contexto, desde el 2023 la JCAS mantiene un convenio de cooperación firmado entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Estado de Israel, a través del programa MASHAV para fortalecer la gestión hídrica en la entidad, mientras que la JMAS participa en un plan piloto IOSight patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca mejorar la eficiencia en la distribución de agua con apoyo de Inteligencia Artificial. Sin embargo, colectivos propalestinos en Chihuahua han denunciado que sostener estas relaciones significa ser cómplices del genocidio en Gaza y advierten que “no resuelven las causas estructurales” de la crisis de agua en el Estado. Entre las críticas destacan:
-Más de 16 mil pozos ilegales operando sin regulación
-Sobreexplotación de acuíferos por empresas agroexportadoras
-Ausencia de un plan integral de gestión hídrica con enfoque de justicia social y ambiental
Portillo Lerma explicó que su postura se da en concordancia con el llamado del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien exhortó al Gobierno de México a fijar una posición formal ante la crisis humanitaria en Palestina.
Finalmente, la legisladora enfatizó en que se deben explorar alternativas de cooperación internacional con países que no estén involucrados en conflictos armados o acusaciones de violaciones a los derechos humanos.