Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih. – La renuncia de una jueza electa por voto ciudadano en el estado fue analizada por Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, quien planteó interrogantes sobre los límites entre el deber constitucional y la libertad individual.
A juicio del legislador, el caso enfrenta al sistema jurídico con un dilema complejo: una funcionaria electa por voluntad popular ha decidido dejar el cargo sin exponer públicamente una razón grave o justificada.
“De la renuncia que estoy hablando no menciona una causa justificable por la cual se va… esta persona no dice en su escrito, al menos que llegó al Congreso, una causa justificable para entender que se tiene que ir, pero dice: ‘no quiero estar ahí’”, explicó.
Desde una perspectiva jurídica, el juarense señaló que la Constitución estatal impone obligaciones específicas a quienes acceden a cargos mediante elección. Según dijo, la ley contempla restricciones para dejar el puesto de forma voluntaria.
“Hay criterios constitucionales en donde se establece que funcionarios electos no pueden renunciar a las funciones, porque la Constitución del Estado pone como un deber a los ciudadanos”, subrayó.
Para el diputado, el asunto no se limita al trámite interno de aceptar una renuncia, sino que abre un debate mayor sobre si un funcionario electo realmente puede abandonar su cargo sin enfrentar consecuencias.
“Lo primero sería la discusión de si un funcionario electo tiene la facultad de renunciar o no, o solo de pedir licencias”, apuntó.
No obstante, también reconoció que el asunto trasciende lo legal y toca aspectos personales y humanos.
“Una persona tiene que estar a la fuerza en una función, aun cuando fue electa, a la fuerza, no lo sé”, reflexionó.
Estrada expresó dudas sobre la conveniencia de forzar la permanencia en el cargo de alguien que ya manifestó su deseo de retirarse, incluso si fue electo democráticamente.
“Yo soy de la idea que mantener a la fuerza a una persona como funcionario no es lo correcto… si de por sí el desempeño de la función pública requiere vocación, convicción, trabajo, estudios, si de por sí, queriendo estar, no me imagino a uno que no quiere y que se le mantiene a la fuerza cumpliendo eso”.
También cuestionó la responsabilidad ética y legal de quien se postula para un cargo de tal importancia y luego, una vez en funciones, opta por renunciar sin mayor explicación.
Finalmente, el coordinador morenista señaló que esta situación podría incluso derivar en una revisión administrativa, considerando que la jueza ya tenía funciones asignadas por el órgano jurisdiccional.
Además, planteó preguntas sobre las implicaciones laborales de la renuncia, como la posible pérdida de derechos adquiridos o la validez de una nueva contratación, señalando la necesidad de claridad en la reglamentación del Consejo de la Judicatura.