ALEJANDRO CARRASCO
En Chihuahua, hablar del agua es hablar de futuro, pero también de desigualdad. La discusión sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha desatado una batalla política que no solo busca modificar una norma: está cuestionando privilegios arraigados. Y ahí es donde comienzan las resistencias.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes ha señalado que la legislación vigente “no ha cumplido con la justicia hídrica” y que detrás de las críticas hay una campaña dirigida a sembrar miedo entre los productores, haciéndoles creer que se les va a quitar el agua. Lo cierto es que la iniciativa no plantea despojar, sino regular un sistema que ha funcionado por décadas con vacíos legales que favorecen a quienes más tienen. Y no es secreto que, en temas de agua, la ley actual ha encubierto abusos, irregularidades y negocios privados disfrazados de “productividad”.
Del otro lado, algunos actores políticos claman que la reforma es “una estocada al campo” o “una aberración contra la soberanía alimentaria”. Sin embargo, pocas veces explican lo esencial: su oposición no surge del pequeño productor que lucha por sobrevivir, sino de intereses que durante mucho tiempo han convertido el agua en propiedad de facto, heredable, revendible y rentable.
Chihuahua es ejemplo de esta contradicción. Aquí la indignación no es teórica: el agua ha sido capturada por élites económicas y viejas redes de poder. Ahí está el caso más simbólico: la presa ilegal descubierta en el rancho del exgobernador César Duarte. Ese episodio no solo reveló corrupción; mostró cómo el agua, bien público por definición, se privatizó en silencios institucionales. Si un exmandatario pudo construir su propia presa sin sanción inmediata, ¿quién puede ahora afirmar que no es urgente cambiar las reglas?
Pero el problema no se limita a la corrupción en las altas esferas: también se traduce en un impacto directo sobre el derecho humano al agua. Mientras algunos actores políticos defienden concesiones como si fueran patrimonio familiar, miles de familias en colonias periféricas de municipios como Chihuahua, Saucillo, Cuauhtémoc o Juárez reciben agua solo unas horas a la semana o dependen de pipas a precios abusivos. Lo mismo ocurre en comunidades rurales donde los pozos de uso doméstico se han agotado, no por sequía natural únicamente, sino por la apertura —legal e ilegal— de nuevos pozos agrícolas que extraen volúmenes que superan la recarga de los acuíferos. En otras palabras: el acaparamiento del agua no solo distorsiona la economía del campo, también niega el acceso básico a quienes la necesitan para vivir, cocinar, bañarse o cultivar su propio alimento. El debate, por tanto, no solo es productivo o técnico; es profundamente humano.
La reforma plantea revisar concesiones, fortalecer la supervisión sobre el uso del agua y transparentar el Registro de Derechos. Para quienes han hecho del agua un negocio, esto es una amenaza. Para quienes viven al margen de esas ventajas, podría ser la oportunidad de equilibrar el tablero. Pero el miedo funciona como herramienta política: se dramatiza que “se quitará el agua a los agricultores”, cuando el agricultor pequeño hace años que compite —en desventaja— contra los grandes usuarios con pozos profundos, redes privadas y concesiones heredadas.
Por eso el debate no puede reducirse a slogans partidistas. Hablar de agua en Chihuahua implica hablar de acceso equitativo, de fin a la corrupción hídrica, de sostenibilidad y de soberanía alimentaria desde abajo, no desde los monopolios de siempre. Los productores tienen derecho a certidumbre; pero esa certidumbre no puede sostenerse en un modelo que perpetúa la desigualdad y el acaparamiento.
Necesitamos una discusión pública que no proteja privilegios disfrazados de “defensa del campo”, ni avances gubernamentales ciegos al impacto local. La reforma debe construirse en parlamento abierto real, con campesinos, brigadistas comunitarios, técnicos, organizaciones ambientales y ciudadanos, no solo con cúpulas políticas y millonarios agrícolas.
No se trata de que el Estado controle el agua; se trata de que el agua deje de estar controlada por unos cuantos. En Chihuahua, cada gota puede ser usada para producir alimentos, sí, pero también para reproducir injusticias o para construir un futuro sostenible. Que la ley que hoy se discute no sea un campo de batalla entre élites, sino un camino hacia la justicia hídrica que tanto nos han prometido y tan poco nos han cumplido.
Alejandro Carrasco Ochoa es docente de Educación Primaria y en formación como Licenciado en Derecho. Impulsa la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y lucha por una sociedad más justa e incluyente. Cree firmemente que la dignidad no se negocia y que la educación y la participación social deben servir para transformar la realidad en favor de quienes históricamente han sido excluidos.