Durante la audiencia de imputación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló de haber entregado presuntamente un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, que habría influido en beneficios judiciales a nivel local, entre ellos la concesión de la libertad provisional en junio de 2024.
De acuerdo con lo informado por el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, sostuvo ante la jueza que existía una relación de complicidad entre Duarte y diversos actores en Chihuahua, incluida la mandataria estatal, lo que representaba un riesgo real de fuga para el exgobernador priista.
ADVIRTIÓ FGR RIESGO DE FUGA POR COMPLICIDADES EN CHIHUAHUA
“Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020.
El hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos, ¿así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual gobernadora?Esta innegable red creada por el justiciable durante sus años como gobernador tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, declaró el Fiscal Manuel Granados Quiroz, según el reporte de Reforma.
Bajo ese argumento, la jueza de control María Jazmín Ambriz López impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La FGR expuso que el respaldo institucional hacia Duarte podía advertirse, entre otros elementos, en la negativa del Registro Público de la Propiedad del estado de Chihuahua a entregar información relacionada con los bienes del exmandatario, al ampararse en el denominado “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación en curso.
Según versiones periodísticas, la audiencia se prolongó durante aproximadamente 11 horas, tiempo en el que se desahogaron alrededor de 100 datos de prueba. La sesión fue suspendida cerca de la medianoche del domingo, tras decretarse un receso por parte de la jueza.
VINCULAN A PROCESO A CÉSAR DUARTE MIENTRAS SHEINBAUM VISITABA CHIHUAHUA
Este domingo, la FGR informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de César “D”, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El Ministerio Público Federal presentó los elementos necesarios para que el juez determinara la vinculación y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, los hechos imputados se relacionan con un presunto esquema de lavado de dinero durante el periodo en que Duarte se desempeñó como gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016. La FGR le atribuye el ocultamiento y manejo de aproximadamente 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero, recursos que presuntamente habrían sido desviados de las finanzas estatales y canalizados a diversas empresas del sector ganadero, en las que Duarte figuraba como accionista mayoritario. En dichas operaciones también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La Fiscalía señaló que los recursos habrían salido de la Secretaría de Hacienda del estado y se movieron mediante empresas vinculadas directamente con el exmandatario, además de relaciones financieras con familiares y otras personas morales, las cuales forman parte de los datos de prueba presentados.
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Dicho esquema de corrupción habría reemplazado a la modalidad de soborno conocida como la “nómina secreta”, en la cual está señalado también el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de haber recibido cerca de 2.5 millones de pesos entre 2013 y 2015 como parte de esos pagos, y de haber sido operador político de Duarte, incluso beneficiándose del financiamiento de su campaña a gobernador por Movimiento Ciudadano en el 2016.
Tanto la actual gobernadora como el presidente municipal de Juárez están señalados en las carpetas de investigación por la llamada “nómina secreta”, que en su momento llegó a incluir a más de 100 nombres.