Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado adelantó que llevará el Paquete Económico 2026 a instancias federales, al considerar que su aprobación presentó fallas en el procedimiento legislativo y posibles afectaciones a derechos de rango constitucional.
El coordinador del grupo parlamentario, Cuauhtémoc Estrada, dio a conocer que se preparan cuatro recursos jurídicos que serán promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. A partir de ese momento, explicó, se contará con un plazo de 30 días para presentar las impugnaciones correspondientes.
Entre los principales señalamientos se encuentra la autorización del crédito por 3 mil millones de pesos avalado el pasado 16 de diciembre. El legislador sostuvo que dicho endeudamiento no reunió la mayoría calificada requerida, ya que durante la sesión se mantuvo un quórum de 33 diputadas y diputados, lo que obligaba a obtener al menos 22 votos a favor.
Estrada acusó que la Mesa Directiva no aplicó correctamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al no realizar las diligencias necesarias para llamar a legisladoras que se encontraban dentro del edificio, aunque fuera de su curul, antes de someter el dictamen a votación. Además, señaló que nunca se emitió una declaratoria formal de reducción de quórum.
“La presidencia siempre mantuvo el quórum de 33… La declaratoria de que con 20 se completaba la mayoría calificada es incorrecta”, afirmó.
Indicó que la impugnación se sustentará en criterios técnicos y jurídicos, y no en disputas políticas. “Nosotros nos vamos a lo técnico, a lo que pueda llevar a la Corte a concluir que esto fue indebidamente aprobado”, expresó.
Un segundo recurso estará dirigido al Presupuesto de Egresos 2026, al considerar que se dejaron de atender obligaciones constitucionales. El coordinador de Morena señaló que no se incluyó la pensión universal para personas con discapacidad prevista en el artículo cuarto de la Constitución, ni el presupuesto participativo equivalente al cinco por ciento de los recursos de libre disposición establecido en la Constitución local.
La tercera acción legal se enfocará en la Ley de Derechos, debido a incrementos que calificó como desproporcionados en servicios que presta el DIF estatal, los cuales afectan directamente a sectores vulnerables. Como ejemplo, mencionó el aumento en el costo de estudios médicos especializados, cuyos precios prácticamente se duplicaron.
La cuarta impugnación, aún en análisis, corresponde a la Ley de Ingresos, específicamente al Impuesto Sobre Nómina. Estrada explicó que se revisa su posible inconstitucionalidad por no cumplir, desde su perspectiva, con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al concentrar la carga fiscal en un solo sector.
El legislador reiteró que estas acciones buscan evitar que el estado contraiga una deuda con una vigencia de hasta 25 años, lo que comprometería recursos públicos de varias administraciones futuras.
Finalmente, informó que los argumentos jurídicos ya se encuentran en proceso de integración y serán turnados tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a la Consejería Jurídica correspondiente, con el objetivo de que se promuevan las acciones de inconstitucionalidad dentro de los plazos legales establecidos.