Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
Recordemos la definición de una zona de sacrificio: es aquel punto del tejido socioambiental y territorial donde los derechos humanos son suspendidos de facto por la imposición de un interés económico o político, regularmente de carácter extractivista, que requiere la degradación general o particular de las condiciones de salud del medio físico y/o social. Es decir, un lugar donde la industria, por ejemplo, necesita contaminar o destruir sin importar las consecuencias.
En el caso de una de las fronteras más grandes del mundo —y la más importante de nuestro estado, Chihuahua—, Ciudad Juárez, las consecuencias de la devastación ambiental ya están cobrando sus facturas. En las últimas semanas hemos visto cómo esta región se ha convertido en la más opaca de todo el país, con el aire más contaminado de una nación que tristemente se caracteriza por su grave problema de contaminación atmosférica. Cabe recordar que recientemente concluyó una consulta pública estatal en la que más del 90 % de las y los participantes urgieron la publicación de un plan de contingencia ambiental.
Esta situación está directamente relacionada con la destrucción territorial de la icónica Sierra de Juárez, que ha sido convertida en una zona de sacrificio, distinta pero comparable a la Sierra Nombre de Dios en la capital del estado o al Vado de Meoqui en el río San Pedro. Un paisaje y un ecosistema vital para el espíritu y la salud de todo el estado, y en particular de su ciudad fronteriza más importante, es hoy visto como una mercancía: un “banco de materiales”, un tiradero de basura, un terreno baldío.
Esta situación profundamente injusta ha sido combatida por colectivos como Defensa del Río Bravo y la Organización Sierra de Juárez, los cuales han logrado sumar la simpatía de diversos sectores sociales. Sin embargo, hasta ahora no han conseguido que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan de manera efectiva las demandas de defensa territorial y socioambiental. Esto contrasta, por ejemplo, con el trato que recibe el Parque El Chamizal, que es la única zona de restauración ecológica federal en todo el estado, mientras que la misma federación autoriza desmontes y cambios de uso de suelo en otros puntos del territorio.
Las autoridades locales, tanto a nivel municipal como estatal, no se quedan atrás. Han respondido con cinismo cuando los colectivos cuestionan la falta de protección, llegando incluso a afirmar recientemente que la Sierra de Juárez es una “zona protegida”, sin que exista hasta el momento una declaratoria oficial, respuestas al exhorto del H. Congreso —donde todas las fuerzas políticas solicitaron su protección—, ni acción institucional alguna encaminada a salvaguardar este monumento natural. Un sitio que, además, cuenta con zonas de captación de agua y es hogar de especies protegidas.
Llamar “zona protegida” a la Sierra de Juárez sin instrumentos jurídicos, sin presupuesto, sin vigilancia ambiental y sin una política pública clara no solo es falso: es una forma de simulación que normaliza el despojo. La protección no se decreta en discursos ni en boletines, se construye con actos concretos, con límites claros al extractivismo, con restauración ecológica, con participación comunitaria y con respeto al territorio como bien común. Mientras eso no ocurra, la sierra sigue siendo, en los hechos, una zona de sacrificio.
Las zonas de sacrificio no surgen por accidente: son el resultado de decisiones políticas que eligen quién puede enfermar, quién puede perder su paisaje y quién debe cargar con los costos del “desarrollo”. La Sierra de Juárez es hoy el reflejo de esa lógica injusta. Defenderla no es un acto romántico ni una causa marginal: es una urgencia ética, ambiental y de derechos humanos. Porque donde se sacrifica el territorio, tarde o temprano, también se sacrifica a las personas.