Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Tras la resolución que determinó que el proceso por el presunto delito de peculado contra el exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, pase del ámbito local al federal, el presidente del Consejo Estatal de Morena Hugo González se pronunció sobre el caso.
A primera cuenta, Hugo señaló que en Morena la postura es que la autoridad competente lleve a cabo las investigaciones y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Indicó que el senador debe ponerse a disposición y aportar lo necesario para que se realicen las indagatorias.
González subrayó que no corresponde a su partido determinar si existe o no un delito, ya que esa función recae únicamente en la autoridad. Añadió que, independientemente de que el caso sea atendido por instancias federales o estatales, la postura de Morena se mantiene, en el sentido de no encubrir a nadie y permitir que las investigaciones sigan su curso conforme a la competencia de cada autoridad. “Nosotros en Morena no vamos a hacer tapadera de nadie”, afirmó.
Sobre la posibilidad de que el caso se politice debido a que Javier Corral es senador, González señaló que si existen conflictos de carácter personal de años anteriores, estos deben dejarse de lado, y que los involucrados deben concentrarse en el desempeño de sus funciones. Reiteró que, si se determina alguna responsabilidad, esta debe ser deslindada por la autoridad correspondiente.
Mientras tanto, de acuerdo con la defensa del senador, el expediente será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el Estado. En el mismo comunicado se señala que la FGR investiga presuntas violaciones legales y a derechos humanos durante la integración del expediente por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y otros funcionarios.
En el proceso también se encuentran señalados el exsecretario de Hacienda de esa administración, Arturo “N”, y el empresario Pedro López Elías, por un presunto desvío de recursos públicos cercano a los 98 millones de pesos.