Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La mañana de este viernes, el exdiputado de Morena, David Castrejón, y el abogado Marcelo Valenzuela presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua contra la magistrada Nancy Escárcega, por el presunto tráfico de influencias relacionado con la concesión de un beneficio de semilibertad a su hermano, Edgar Escárcega, sentenciado por secuestro agravado.
“Vamos a ver si la Fiscalía Anticorrupción nada más persigue a los que manifiestan como que sus adversarios políticos o si realmente tiene una sed de dar justicia a los chihuahuenses y combatir la corrupción que tanta falta hace en Chihuahua”, dijo el exdiputado.
Castrejón informó que el 30 de septiembre del año pasado presentaron una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que se investigara el caso, luego de que, a 28 días de haber asumido la magistratura, un juez de ejecución otorgara el beneficio de semilibertad, tras años de que se promovieran diversos recursos legales sin que estos prosperaran.
Indicó que, pese a la denuncia presentada ante el Tribunal, no se realizaron actuaciones para investigar los hechos, y que en repetidas ocasiones solicitaron información sobre el avance del procedimiento sin obtener respuesta.
Señaló que una magistrada revisora revocó la medida, al determinar que se violaron derechos de la víctima, al no haber sido notificada ni consultada sobre la procedencia del beneficio, situación que -dijo- quedó asentada en la resolución judicial.
El abogado Valenzuela expuso que la denuncia se basa en diversas disposiciones legales estatales y federales que, desde 2006, prohíben otorgar beneficios como la semilibertad a personas sentenciadas por el delito de secuestro. Entre ellas mencionó el Código Penal del Estado de Chihuahua, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Añadió que la querella presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contempla el delito de tráfico de influencias y la posible omisión del Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia por no investigar los hechos señalados desde la primera denuncia. Precisó que se solicita que se investigue a todos los servidores públicos que pudieran estar involucrados, incluidos jueces y magistrados, siempre que existan elementos para fincar responsabilidades.
